situacion Argentina

Los lazos del nudo gordiano: inflación, corrida cambiaria y restricción externa

Por Mónica Peralta Ramos *

Cuenta la leyenda griega que estando el reino de Frigia al borde de la guerra civil, Gordio –un pobre campesino que sólo poseía un carro tirado por bueyes– fue elegido rey gracias a la intervención de un oráculo. En agradecimiento, Gordio ofreció su carro al templo de Zeus atándolo con un nudo muy intrincado cuyos cabos se escondían misteriosamente hacia el interior del mismo. Según su profecía, el que consiguiese desatarlo conquistaría al mundo. Tiempo después, al iniciar su campaña para conquistar el Imperio Persa, Alejandro Magno intentó desatar el nudo. Luego de varios intentos fallidos, sacó su espada y lo cortó. Así, de un modo tajante enfrentó la esencia del problema y pudo solucionarlo.

Desde los orígenes de la humanidad, todas las sociedades han enfrentado problemas aparentemente insolubles, que condenan al conflicto permanente y a la destrucción. Encontrar la esencia de los problemas y resolverlos ha sido el camino de la civilización. Lo opuesto es la barbarie que condena a la violencia y a la desintegración. Nuestro país ha enfrentado y enfrenta periódicamente los espasmos bárbaros de la destrucción. Estos no se dan al azar, son consecuencia de un nudo gordiano que desde tiempo atrás reproduce el estancamiento económico y el canibalismo social. Conocer este nudo implica perforar la coyuntura –es decir, el momento que vivimos y sus reverberaciones inmediatas– y encontrar las causas estructurales que explican los conflictos. En este sentido, el momento actual es particularmente aleccionador porque expone a la luz del día los lazos que atan a nuestro nudo gordiano.

En una nota publicada en este diario (13/11/2011) decíamos que profundizar el proyecto de desarrollo con inclusión social y democracia participativa implicaba enfrentar el nudo gordiano de un proceso de acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica. Este proceso, generado a lo largo de los últimos 70 años, ha configurado una industrialización liderada por grandes empresas –generalmente multinacionales– ubicadas en los sectores relativamente más intensivos en capital, sectores que generan una demanda creciente de importaciones de tecnología incorporada en bienes intermedios y de capital. Esta necesidad de importaciones no puede ser satisfecha con las divisas que en su mayor parte provienen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. De ahí que este proceso tienda a culminar en una crisis del sector externo. Este fenómeno, comúnmente llamado “restricción externa,” constituye una característica intrínseca a este proceso de acumulación del capital. Todo crecimiento industrial, al ser liderado por estas grandes empresas más intensivas en capital tiende a desembocar en una crisis del sector externo, independientemente del crecimiento del volumen y de los precios de las exportaciones agropecuarias. Sobre esta paradoja se ha asentado el conflicto entre campo e industria que ha marcado a fuego nuestra historia contemporánea.

A lo largo del tiempo, el Estado ha impulsado la industrialización argentina con distintas políticas: desde los subsidios, la protección arancelaria y las exenciones impositivas de todo tipo hasta los contratos de provisión de bienes y servicios, la licuación de deudas y la venta de activos públicos a precios de remate. Inicialmente, estas políticas tuvieron por objetivo estimular el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Muy pronto, los principales beneficiarios fueron las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y la inversión privada fue reemplazada por subsidios. Estos subsidios tuvieron como contrapartida diversos gravámenes que en esencia implicaron transferencias de ingresos del campo a la industria. Al mismo tiempo, la capacidad de generar divisas ha sido clave para la reproducción del sistema, otorgando así un enorme poder económico y político a los exportadores y a los grandes productores agropecuarios.

Dos fenómenos han agravado la dependencia tecnológica en las últimas décadas. En efecto, el mundo asiste hoy a una nueva forma de expansión de la acumulación global, centrada en la integración compleja de las grandes corporaciones multinacionales. Esta integración ha dado origen a una nueva división internacional del trabajo basada en la desintegración de la cadena productiva a nivel mundial y en el control de segmentos cruciales de las cadenas de valor por parte del capital transnacional. Esto ha tenido un enorme impacto sobre la concentración de las decisiones y del poder tecnológico. La otra cara de este fenómeno es una enorme fragmentación y dispersión de las actividades productivas que recorta cada vez más el poder de los Estados nacionales para planificar políticas en su propio territorio. Los sectores mas dinámicos de la industria argentina, están hoy integrados en cadenas de valor global y muestran la vulnerabilidad de nuestro desarrollo industrial a procesos que ocurren en otros países (Brasil, entre otros) y a decisiones que se toman en el centro de algunas corporaciones multinacionales. Por otra parte, el espectacular avance del cultivo de la soja transgénica en las últimas décadas ha atado al propio desarrollo del agro a un modelo de negocios centrado en la necesidad creciente de importaciones de un paquete tecnológico cuyos proveedores son unas pocas empresas multinacionales que controlan sectores claves del sistema agroalimentario a nivel global.

La acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica ha dado lugar a una creciente concentración y centralización de capitales en la industria, al dominio del capital extranjero en sectores clave de la producción, del acopio y del comercio exterior e interior y al control monopólico u oligopólico de segmentos de la economía que tienen importancia estratégica para el crecimiento del país. Las grandes empresas –sean nacionales o extranjeras– que dominan estos segmentos son formadoras de precios en los puntos “neurálgicos” de la economía y tienen, por eso mismo, una capacidad decisiva sobre la formación de precios en el mercado interno y sobre el control de las divisas provenientes del comercio exterior. Esto les permite retener y desabastecer productos de importancia estratégica: desde el dólar hasta los alimentos pasando por la chapa y otros insumos de producción. Les permite además obtener ganancias extraordinarias, aprovechar los estímulos oficiales al mercado interno y ejercer su poder de veto sobre las políticas que consideran nocivas a sus intereses. De ahí, su capacidad para afectar la estabilidad política e institucional del país.

De este modo, los procesos estructurales que conforman la dependencia tecnológica se expresan en una estructura de poder que constituye el nudo gordiano de nuestro desarrollo. Los lazos invisibles de este nudo aparecen hoy expuestos a la luz del día expresados en tres fenómenos: la inflación, las corridas cambiarias y la restricción externa. Estos lazos tienen un común denominador: el control monopólico u oligopólico de sectores claves de la economía. En los últimos meses del 2013, estos lazos han adquirido especial relevancia en virtud de las vicisitudes del proceso electoral y de sus resultados. Constituyen la principal fuente de desestabilización y un desafío crucial frente al 2015.

En efecto, el año 2013 finalizó envuelto en la polvareda levantada por la inflación, las corridas cambiarias, la pérdida de reservas del Banco Central y el crecimiento desmedido de las importaciones de tres sectores industriales dinámicos –automotriz, productos electrónicos y productos químicos– integrados a cadenas de valor global en niveles relativamente poco sofisticados. A estos fenómenos se sumó la retención por parte de los productores de parte de la cosecha de cereales del 2013 y el persistente rechazo a liquidar las divisas de exportación por parte de las grandes empresas exportadoras agudizando así el faltante de divisas necesarias para cubrir las importaciones de la industria y fogoneando una especulación interminable con el dólar. Todo esto ocurrió en un contexto político marcado por los fuegos de artificio de un supuesto “fin del ciclo K” anunciado por la oposición luego de los resultados de las PASO.

En un escenario político traumatizado por la súbita ausencia de CFK, la provincia de Buenos Aires pasó a ser el principal campo de batalla y el fragor del enfrentamiento entre dos versiones del duhaldismo (Massa/Scioli) dominó la escena política nacional. En este contexto político, frente a la embestida de “los mercados” y de la oposición política y mediática, el oficialismo no tuvo una respuesta adecuada. Particularmente, notable es el caso de la inflación donde por años el Gobierno negó su existencia embarcándose al mismo tiempo en una negociación poco transparente y espuria con algunas empresas y con los principales supermercados a fin de congelar los precios de algunos bienes de consumo popular. Esto permitió el accionar impune de los formadores de precios erosionando la credibilidad de muchos de los objetivos perseguidos por el Gobierno. En consecuencia, el tema de la inflación fue cooptado por la oposición y tuvo una incidencia decisiva en el resultado electoral.

La reaparición de CFK a fines de noviembre, los cambios en el equipo de gobierno, la reiteración de los objetivos propuestos y el énfasis puesto en una nueva forma de enfrentar la inflación y la inseguridad convocando a la participación popular pusieron en evidencia que CFK continúa definiendo la agenda política del país. Muestran además que, a pesar de haber perdido votos en las elecciones, el kirchnerismo no está terminado y mantiene la decisión de profundizar su proyecto político de aquí al 2015. Los primeros anuncios del nuevo equipo de gobierno plantearon tres cuestiones fundamentales: el control de la formación de precios y de la apropiación del excedente en las cadenas de valor, la revisión de la orientación dada hasta ahora a la industria y la racionalidad de los subsidios otorgados. Abordar el problema de cómo se distribuye y apropia el excedente en las cadenas de valor remite necesariamente a preguntarse por el rol del capital monopólico y su relación con la industrialización y los subsidios. Esto implica empezar a arrojar luz sobre una cuestión que hasta ahora había permanecido invisible, siendo sin embargo central a los conflictos que ha vivido y vive el país. El rol de la dependencia tecnológica, el modo en que la misma reproduce el poder del capital monopólico y oligopólico en los distintos sectores de la economía, y la incidencia que este poder tiene sobre la vida de todos los ciudadanos, son temas que deberían ocupar el centro del debate político. Esto implica empezar a preguntarse por los factores que perturban nuestra integración productiva y nuestra identidad nacional y nos condenan al canibalismo político.

El nuevo equipo económico ha anunciado que ejercerá todo el poder que el Estado tiene para hacer cumplir los nuevos acuerdos de precios. Esto es de importancia crucial. Sin embargo, el Estado no es un simple instrumento inerte. Es, en cambio, un campo de relaciones de fuerza. Para que el control de las políticas de precios, de sustitución de importaciones o de subsidios sea efectivo no basta con tener estrategias y regulaciones. Es necesario además legitimar los objetivos y las decisiones que se toman haciéndolos transparentes y promoviendo el debate y la negociación entre todos los actores sociales. Más aún, es necesario una participación organizada de la ciudadanía en el control de gestión y en el debate de estas políticas en todos los niveles de la vida social: desde las cadenas de valor, los barrios y las empresas, hasta el nivel municipal, provincial y nacional. El conocimiento de lo que está en juego y la movilización ciudadana constituyen la espada que permitirá cortar nuestro nudo gordiano. No dejemos pasar esta oportunidad.

* Socióloga, autora de La economía política argentina. Poder y clases sociales.

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La recuperación económica de los Estados Unidos y la Gran Recesión de Europa

En el reino...

Por Mark Weisbrot *

“Más de veinte gobiernos europeos han caído durante esta crisis prolongada”.

Si se compara la recuperación económica de los Estados Unidos desde la Gran Recesión con la de Europa –o más específicamente con los países de la Eurozona– las diferencias son notables y aleccionadoras. La recesión estadounidense técnicamente duró alrededor de un año y medio, desde diciembre de 2007 hasta junio de 2009, aunque por supuesto para los 20,3 millones de desempleados o subempleados de Estados Unidos la recesión aún no terminó. La Eurozona tuvo una recesión de plazo similar, desde enero de 2008 hasta abril de 2009, pero luego cayó en una más larga recesión en el tercer trimestre de 2011 que duró cerca de otros dos años, y de la cual recién podría estar saliendo en la actualidad.

Esto conlleva una gran diferencia en la vida de las personas. En la Eurozona, el desempleo está cerca de niveles record de 12,1 por ciento; mientras que en Estados Unidos actualmente es de 6,7 por ciento. A pesar de no ser una medición exhaustiva, estos números son comparables. Por supuesto, en España y Grecia el desempleo es 26,7 y 27,8 por ciento, respectivamente, con un desempleo joven intolerable de 57,4 y 59,2 por ciento.

¿Cómo se explican esas diferencias?

Estados Unidos fue el epicentro de la crisis financiera mundial y la recesión en 2008. Pero los hacedores de política de este país respondieron a la recesión con políticas diferentes de las de Europa. La más importante fue la política monetaria. La Reserva Federal bajó las tasas de interés de corto plazo a alrededor de cero en 2008 y las ha mantenido allí desde entonces. La Fed también mostró su intención de mantener estas tasas de interés por un largo tiempo y, aventurándose en territorios sin explorar, se involucró en tres rounds de “relajamiento monetario” (quantitative easing) de más de 2 billones de emisión de dinero. Esto le posibilitó al organismo estimular la recuperación a través de una baja en la tasa de interés de largo plazo, incluyendo la crucial tasa de hipotecas, la cual ayudó a la recuperación del mercado inmobiliario.

Luego de algunos estímulos en ambas áreas, los gobiernos de la Eurozona se involucraron en un ajuste presupuestario más temprano y mayor que el de los Estados Unidos, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mostrado una clara relación entre el ajuste fiscal y el reducido crecimiento del Producto Bruto Interno.

Ahora la pregunta es por qué nuestras hermanas y hermanos europeos han sido tan desafortunados de estar sometidos a unas políticas económicas mucho más brutales que las que experimentó Estados Unidos. Hay algunas razones simples, pero fundamentales. Lo más importante es la responsabilidad o, mejor dicho, la falta de responsabilidad de las instituciones que toman las decisiones.

En Europa está la llamada “troika”, integrada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y –reclutado más recientemente– el FMI. Estas instituciones no responden tan directamente a los ciudadanos de la Eurozona, especialmente a los de aquellos países más victimizados (España, Grecia, Portugal, Irlanda e Italia), como lo hacen la Reserva Federal, el Congreso y el Poder Ejecutivo ante los ciudadanos estadounidenses. Mucho de esto les debe sonar familiar a los argentinos que atravesaron la recesión de 1998-2002 y donde el gobierno tuvo que amenazar con defoltear al FMI para poder retornar a políticas económicas tendientes al crecimiento.

Aun peor, las autoridades europeas han impulsado una agenda política que involucra aprovechar la crisis para promover ciertas “reformas” que los ciudadanos de los países afectados nunca votarían. Esta no es una teoría conspirativa: en el paper “Consejo de Política Macroeconómica y consultas del artículo IV: El caso de la Unión Europea”, una revisión de 67 reportes del FMI sobre 27 países de la Unión Europea desde 2008 a 2011, mostré un diseño consistente: reducir el tamaño del gobierno, reducir el poder de negociación de la fuerza laboral, cortar gastos de pensiones y salud e incrementar la oferta de mano de obra.

Por ejemplo, en los 27 países de la Unión Europea el FMI recomendó ajustes de presupuesto, con recortes en el gasto por sobre incrementos de impuestos. En 15 países hubo recomendaciones sobre el área de salud: 14 fueron para recortar gastos. En 22 de los 27 países hubo recomendaciones para recortar jubilaciones. En la mitad de los países el FMI también aconsejó sobre la legislación laboral: en todos ellos la recomendación fue reducir la protección al empleo, reduciendo las opciones de indemnización por discapacidad, recortar las compensaciones por desempleo, aumentar la edad de jubilación y descentralizar las convenciones colectivas de trabajo.

El FMI no es una entidad independiente y los directores europeos tienen influencia en materia de políticas europeas. Por lo tanto, estos papeles nos indican la agenda política de la “troika”, no sólo del FMI. Entonces no es sorprendente que se registren los cambios de política que hemos visto en los últimos años en los países más débiles de la Eurozona, como Grecia, donde el gasto real en salud fue recortado en más del 40 por ciento; o Portugal, donde el número de trabajadores del sector privado con cobertura de contratos sindicalizados se redujo de 1,9 millón a 300 mil. Pero quizá lo aún más notable: esta evidencia muestra por qué el Banco Central Europeo permitió estas crisis financieras tan severas y repetidas en la Eurozona, que impactan sobre la propia Eurozona y la economía mundial por casi tres años. En julio de 2012, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo estas famosas palabras: “Lo que sea necesario”. Las cuales fueron respaldadas unas semanas más tarde por el nuevo programa “Outright Monetary Transactions”, que puso fin a la amenaza de un colapso financiero.

Hasta entonces, las autoridades europeas vieron a la crisis como una oportunidad para implementar sus “reformas”. Como el FMI lo pone en el “Reporte 2009”, “la experiencia histórica indica que la consolidación fiscal exitosa fue generalmente lanzada en el medio de problemas económicos o en las primeras etapas de la recuperación”.

Todo esto no se toma como un ejemplo en la recuperación de Estados Unidos. Es desgraciado que en Estados Unidos haya menos gente empleada que hace seis años y una menor proporción de trabajadores empleados de la que había en cualquier momento de los ’80 y es innecesario que el gobierno desacelere el crecimiento con recortes presupuestarios. Todo esto cuando la deuda federal tiene una carga de interés neto de menos del uno por ciento del ingreso nacional, que es casi tan bajo como en la era post Segunda Guerra Mundial. No obstante, la experiencia de la Eurozona muestra cuán peor puede ser cuando se pierde la mayoría del control sobre el diseño de las políticas económicas más importantes de gobierno.

Luego de que más de veinte gobiernos europeos hayan caído durante esta crisis prolongada, el ritmo de este ajuste presupuestario destructivo está finalmente reduciéndose: desde cerca del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto en 2012 al 1,1 por ciento en 2013 al 0,35 por ciento en 2014. Pero quién sabe cuántos más años le llevará alcanzar niveles normales de empleo. Así es como la democracia luce en la Eurozona en términos económicos, operando a duras penas en dolorosa cámara lenta.

* Codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. (www.cepr.net) y president de Just Foreign Policy (www.justforeignpolicy.org).

Foto Sandra Cartasso

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Enel, el grupo energético italiano

Radiografía del dueño de Edesur

El accionista controlante de Enel es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. En la Argentina, además de Edesur, participa de forma directa e indirecta en unas 19 compañías del sector energético nacional.

Por Federico Bernal

El Ente Nazionale per l’energía Elettrica (Enel) es la compañía energética más poderosa de Italia y una de las más importantes gasíferas y eléctricas de Europa. Emplea a cerca de 73 mil personas. Sus operaciones se extienden por América, Europa, Africa y Asia, alcanzando los 61 millones de clientes. Enel nació en 1962 como una empresa íntegramente estatal.

En 1992, el mismo año de la privatización de Segba, la estatal italiana comenzaba un proceso de privatización parcial. Sin embargo, y casi dos décadas después, el Estado italiano no ha perdido el control de la compañía. Su accionista controlante es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, con un 31,24 por ciento del capital social.
El Grupo Enel es la controlante de Edesur a través de Endesa, con el 72 por ciento del paquete accionario de la distribuidora eléctrica. El restante porcentaje está prácticamente todo en manos de Sadesa (Miguens Bemberg, Caputo, Escasany). Además de Edesur, Enel participa de forma directa e indirecta en unas 19 compañías del sector energético nacional.
El último balance de Enel (2012) arrojó ingresos por 84.889 millones de euros (6,8 por ciento superior a 2011) y una utilidad neta de 7735 millones. Su deuda financiera neta era de 42.948 millones de euros (9435 millones de corto plazo) a diciembre de 2012. Enel opera en Rumania, Eslovaquia, Rusia, Grecia, Serbia, Croacia, Bélgica, Francia, España y Portugal; en Africa, en Argelia; en América del Norte, en Canadá y EE.UU.; mientras que en América latina lo hace en generación, distribución y transporte gasífero y eléctrico en casi todos los países de la región. Sus dos pilares son Italia y la División Iberia y América Latina. En el primer caso, aporta el 22 por ciento del total de la energía consumida en el país, siendo la empresa líder en electricidad vendida y distribuida. En la página 13 del informe, se lee: “...la calidad del servicio medido en las interrupciones por cliente promedio pasaron de 3,8 en 2011 a 3,7 en 2012. Las duraciones promedio de los cortes por cliente pasaron de 44 minutos en 2011 a 46. Este aumento fue en parte atribuido a los extraordinarios eventos climáticos registrados en febrero de 2012”.

En la Argentina

En 2012, la generación de electricidad para la División Iberia y América Latina alcanzó los 141.434 millones de kWh. En la Argentina, el Grupo Enel generó 15.222 kWh (tercera después de la Península Ibérica y Chile), registrando una caída de 4,6 por ciento respecto de 2011. En cuanto a la potencia instalada de Enel en nuestro país, se ha mantenido invariable desde 2011, con 4403 mW. Estos datos resultan sumamente contraproducentes cuando, según consta en el mismo informe, las ventas de electricidad que el grupo registró en el país se incrementaron 3,3 por ciento entre 2011 y 2012. Incluso ratifica el incremento del 3,7 por ciento en la demanda eléctrica total argentina entre (2011 y 2012), mayor que Brasil. Finalmente, el Grupo Enel participa en el sector energético nacional de forma directa e indirecta en 19 compañías (entre holding company, distribución, transmisión, transporte, generación, comercialización de electricidad y gas natural).
¿Quién controla al Grupo Enel y quién regula al sector eléctrico en Italia?
En el responde: “La compañía está bajo el control de facto del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual tiene suficientes votos como para ejercitar una influencia dominante en las reuniones de accionistas”. En la página 240 de su reporte anual, se lee además que “ningún accionista puede tener una participación superior al 2 por ciento en el capital de la compañía, con la excepción del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Italia (la cual posee el 31,24 por ciento de las acciones) y el fondo Black Rock Inc. (que detenta el 3,33 por ciento)”. En la página 241, menciona que el gobierno italiano ejerce a través del referido ministerio “poderes especiales”. Algunos de éstos son los siguientes: “Con la finalidad de implementar las regulaciones a las privatizaciones, la normativa corporativa asigna al gobierno italiano (representado por el Ministerio de Economía y Finanzas) algunos poderes especiales, los cuales son ejercitables más allá del número de acciones en manos del antedicho ministerio, (...): a) oposición a la adquisición de un número significativo de acciones (es decir, un 3 por ciento o superior del capital accionario de Enel) por parte de quienes estén limitados en la cantidad de acciones a ser controladas (...); b) oposición a acuerdos entre accionistas (...) cuando esté involucrado un 5 por ciento o superior del capital accionario de Enel; c) veto a la adopción de resoluciones que puedan impactar fuertemente en la compañía (transferencia, fusión, división de la compañía), (...); y d) designación del director sin poder de voto”.
Los precios de la electricidad así como el sector eléctrico es definido por el Estado a través de la Autoridad para la Regulación del Gas y la Electricidad, “actualizados cuatrimestralmente según criterios designados para asegurar que los costos operativos sean cubiertos” (página 76). Asimismo y mediante un decreto-ley, se han definido nuevas reglas en materia de control gubernamental sobre compañías que operan en los sectores de defensa y seguridad nacional así como en aquellas desempeñadas en áreas de energía, transporte y comunicaciones. Por ejemplo, se incluyó el concepto de “interés público”, envistiendo al presidente del Consejo de Ministros (y al Ministerio de Economía y Finanzas toda vez que figure como accionista de compañías afectadas) con el poder de: a) “veto, cuando las resoluciones, actos o transacciones representen una amenaza real de serias consecuencias para el interés público (...)”; b) “condicionar las operaciones e imponer condiciones en función de la protección del interés público, pudiendo oponerse a compra directa de acciones” (página 242).

Conclusiones

En función de lo expuesto, resulta más que sorprendente escuchar al neoliberalismo doméstico quejarse de la supuesta insolvencia del Estado argentino a la hora de hacer frente a las inversiones que el sector energético nacional precisa para, argumentan ellos, salir de la “crisis energética”. Sin embargo, nada dicen de la elevadísima deuda financiera de la controlante de Edesur. Sorprende la defensa de una política energética mercadista (el mercado como actor protagónico de la energía y la electricidad; el Estado simple regulador) y el rechazo a una hipotética reestatización de la distribución eléctrica a nivel nacional, siendo que la controlante de Edesur es nada más ni nada menos que el Estado italiano a través de su Ministerio de Economía y Finanzas.
El sector energético italiano (eléctrico como hidrocarburífero) está fuertemente regulado y controlado por su respectivo Estado, tanto en calidad de empresario como de autoridad regulatoria y fijadora de tarifas (vía control de costos y utilidades). Resulta lógico que representantes del neoliberalismo quieran que Edesur siga en manos del Estado italiano (y de los Miguens Bemberg, Caputo, Escasany a través de Sadesa). Así va bien, obviamente, para intereses que no son los de la mayoría de la población y mientras la “caja” no sea apropiada por el Estado argentino. Es que según se desprende del informe de Enel, de los ingresos totales que la compañía italiana registró en 2012, 1505 millones de euros se distribuyeron entre accionistas, 4215 millones fueron a parar al Ministerio de Economía y Finanzas, 2970 millones para acreedores, 4860 para empleados y 9986 para empresas.
¿Cuánto fue a parar de la “caja” Enel a Edesur y a los millones de ciudadanos del AMBA? Lamentablemente, nada se dice en el informe examinado de los cortes de luz padecidos por los clientes argentinos de Edesur durante 2012. En el de 2013 tampoco se dirá nada de los cortes del pasado diciembre. Italia está muy lejos y sus intereses también. Quien se encargue de distribuir y comercializar electricidad en la Argentina no puede tener más compromiso que con la calidad de vida de la población atendida con su servicio. Nada especial. Los italianos lo hacen.

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ULTIMO ARTICULO DE GELMAN

Francia: oro sí, China no

Por Juan Gelman

El gobierno del socialista Hollande no renueva las viejas fórmulas del colonialismo que su país practicó desde el siglo XVII hasta que tuvo que irse de Argelia en 1962. ¿Será Francia un “estado fallido” por falta de imaginación? ¿O ciertas formas de dominio no cambian ni siquiera con la novedad del mundo global? Si así fuere, este capitalismo llamado “salvaje” no avanza mucho en su proyecto de supervivencia. La nación que acuñó el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad invadió Mali el 12 de enero del año pasado (Operación Serval) y la República Centroafricana el 3 de diciembre (Operación Sanguinis). Según Hollande, fue una “reacción humanitaria” para salvar a “un pueblo que sufre y que nos llama”. No lo parece. Se firmaron de inmediato nuevos contratos de perforación y extracción con la ayuda del comando estadounidense para Africa (Africom, por sus siglas en inglés) cuando París contuvo la rebelión en Mali (www.globalresearch.ca, 7-1-14). Un comunicado de prensa de la Legend Gold de Vancouver, empresa gigante de extracción y de compra y venta de oro y plata, anunció la intención de explotar minas de oro en lugares muy precisos del oeste y sur del país (Marketwired, enero 6, 2014). La ejecución de estos programas se iniciaría a comienzos de febrero de este año. Douglas Perkins, presidente y CEO de Legend Gold, informó que el diseño de los proyectos se completó en el trimestre pasado.

El 18 de diciembre de 2013 el Fondo Monetario Internacional otorgó a Mali un crédito de 46,2 millones de dólares “para disipar vulnerabilidades de la balanza de pagos y crear los fundamentos de un crecimiento mayor y más inclusivo” (www.imf.org/external, 18-12-13). Son créditos que obligan a los países receptores a recortar servicios sociales como la educación y la salud pública a fin de pagar sus deudas. Las consecuencias catastróficas de semejantes acuerdos se observaron con meridiana claridad en el “experimento argentino” que culminó en el 2001 con la humillante fuga del entonces presidente De la Rúa.
La intervención militar francesa en Mali, sin menospreciar la dinámica del mosaico terrorista o no en que se ha convertido la Primavera Arabe, tiene más que ver con sus recursos naturales que con las penurias de la población. París maneja intereses propios en el rico país africano en el marco del Programa de relaciones francoalemanas que concurre con el interés de Francia de asegurarse los recursos del Sahel, el petróleo y el uranio en especial. La compañía francesa Areva los explota hace décadas en el vecino Níger. Hollande se dedica a otra clase de explotación, la de la hipocresía: afirma a los malíes que Francia no sirve ningún interés en particular en el país, “no tenemos ninguno” “estamos por el bien de todo Mali y de Africa Occidental” (www.anabafrance.es.org, 2-2-2013). Claro que sí, para arcas y juegos financieros, no para simples bolsillos ciudadanos.
“El imperativo humanitario” hollandiano en la República Centroafricana, llevado a cabo por 1200 militares franceses, está destinado a frenar a China y sobre todo a controlar las reservas de oro, diamantes y uranio que descansan, no por mucho tiempo, en el subsuelo de un país con más territorio que Francia y Bélgica juntas (www.michelcollon.info, 14-12-2013). Compañías galas son hegemónicas en el transporte fluvial, el azúcar, las bebidas, almacenamiento y comercialización de petróleo en la República y no es precisamente de hoy que sus habitantes padecen “una situación catastrófica”. Desde 1960 sufren la represión y los desmanes de seis presidentes sucesivos que asumieron después de otros tantos golpes de Estado.
El ministro de Economía francés, Pierre Moscovici, ha reconocido que en diez años “Francia ha perdido la mitad de su mercado en el Africa subsahariana”. ¿El culpable? China, que hizo una entrada triunfante en el sector del oro negro y ha aumentado sus inversiones en el continente con regulaciones menos rígidas. En el 2008 Beijing otorgó a la República Centroafricana unos 4,4 millones de euros que han permitido construir escuelas y hospitales en una zona donde la desolación es reina.
Grupos rebeldes de distinto origen y diseminados en todo el país y su falta de acuerdo desembocan en atrocidades generalizadas, saqueos, violaciones, asesinatos en serie, actividades ya cotidianas en quienes sólo han conocido la brutalidad y las matanzas. Pero esto no nació hoy, y Francia, como otras potencias occidentales, sigue castigada por la crisis económica mundial. Era hora de reconocer esos males para garantizar militarmente la posesión de los bienes.

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Por WALTER GOOBAR

Una empresa española dispuesta a quemar las naves en el canal de Panamá

Basta revisar los balances de Endesa, la controladora de Edesur que obtuvo el 80% de las ganancias que distribuyó entre sus accionistas españoles en América Latina.

Lo mismo pasaba con Repsol, Aerolíneas Argentinas y las decenas de empresas que el tardío capitalismo español, salvo honrosas excepciones, ha ido fundiendo a lo largo del continente. Ahora, como si fuera un cuento de gallegos, la constructora Sacyr no tuvo mejor idea que amenazar con paralizar las obras del ensanche del Canal de Panamá si no se le reconocen mayores costos, del orden del 100%, cuando existen evidencias que cotizó la obra muy por debajo del precio razonable para desplazar a sus competidores. Pareciera que no se trata de un modo de hacer negocios, sino más bien de un modus operandi copiado por el grueso de las empresas que operan en la región.

Sacyr es una empresa acostumbrada a navegar en aguas turbulentas y putrefactas: la constructora apareció implicada en los pagos en negro al Partido Popular, según reflejan los papeles del ex tesorero Luis Barcenas. Su ex presidente, Luis del Rivero, está imputado en uno de los sumarios del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la doble contabilidad del PP.

El veterano periodista José Oneto señala que la oferta española, la más baja de todas las presentadas ante la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) hace cuatro años, era imposible que se cumpliese. En este caso, como suele actuar en España, Sacyr pujó a la baja, convencida de que, al final, se aceptaría el sobreprecio que exige ahora.

La ampliación del Canal de Panamá es, junto con las obras que se hicieron en China para la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la mayor obra civil que se ha llevado a cabo en los últimos años del siglo pasado. Fue una temeridad conceder esa obra a una empresa quebrada que basa su poderío en los aportes a las cajas negras del partido de Mariano Rajoy. En el diario Público.es, Vicente Clavero señala que el tema de los mayores costos se presta a abusos.

Según un estudio dirigido en 2004 por el danés Bent Flyvbjerg, sólo en el ámbito del transporte, los mayores costos afectan a nueve de cada diez proyectos y son independientes del nivel de desarrollo de los países donde se producen. En ferrocarriles, la desviación media respecto de los presupuestos es del 45%; en la construcción de puentes, del 34%, y en la de carreteras, del 20 por ciento.

Los datos correspondientes a España no difieren demasiado, si nos atenemos al informe publicado en 2003 por un grupo de profesores del área de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu i Fabra. Ocho de cada diez obras licitadas por las administraciones públicas acarrean mayores costos, a pesar de que la ley vigente establece que debe ser un recurso excepcional.

Los españoles son verdaderos expertos en mayores costos: el soterramiento de la M-30 –la faraónica obra del alcalde Ruíz-Gallardón– fue presupuestada inicialmente en 1700 millones de euros, que se convirtieron en 4250 millones después de sucesivas revisiones. En el caso del tren de alta velocidad que une Madrid y Barcelona, el encarecimiento ha sido del 31 por ciento.

La diferencia con lo ocurrido en el canal es que -al menos de momento- el Gobierno panameño no parece dispuesto a asumir los mayores costos que el consorcio ha declarado y que ascienden a 1625 millones de dólares. Para vencer esa negativa, el pool de empresas liderado por Sacyr ha amenazado incluso con paralizar las obras, lo que sin duda sería un gran escándalo internacional, al tratarse del mayor reto de la historia de la ingeniería civil.

El problema de fondo es que hay serias sospechas de que el consorcio pujó a la baja para hacerse con el proyecto y que los panameños, temerariamente, se lo concedieron porque ofertaba el mejor precio (3118 millones de dólares). Las otras dos propuestas en pugna –una capitaneada por la también española Acciona y la otra por el gigante estadounidense Bechtel– eran como mínimo mil millones de dólares más caras.

Probablemente Sacyr, que necesitaba participar en la ampliación del canal para atenuar la caída de su actividad constructora en España, decidió quemar todas las naves en su empeño, quién sabe si con la secreta esperanza de resarcirse después a través de los mayores costos. Un procedimiento que se ha hecho costumbre y que el poder político no ha sabido o no ha querido atajar, puede que a cambio de oscuras compensaciones.

Como si hubiese descubierto América por segunda vez, el gerente del consorcio Sacyr recalca que los costos adicionales debe asumirlos la Autoridad del Canal de Panamá. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) asegura que las autoridades panameñas se han negado a sentarse a negociar y apunta al basalto encontrado en los suelos y al concreto como otras causas del sobrecosto.

Sacyr dice que sus demandas sobre el Canal de Panamá no son "ningún cuentito", mientras que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, viajaría a España para exigir a Rajoy que Sacyr cumpla su contrato.

El GUPC atribuye los mayores costos de 1600 millones de dólares (1177 millones de euros) a problemas geológicos no detectados, según ha manifestado este sábado el gerente del consorcio, José Peláez.

En declaraciones a la prensa, Peláez ha precisado que los problemas geológicos fueron detectados a lo largo de al menos 2,5 kilómetros de extensión en la zona del Océano Pacífico y ha asegurado que la Autoridad del Canal de Panamá no las localizó antes de convocar la licitación para la ampliación del enclave.

"Esta condición geológica, no previstas por el GUPC y la ACP, ha alterado las condiciones técnicas originales bajo las cuales el GUPC licitó y es por ello que el sobrecosto debe ser asumido por la entidad licitante", ha declarado Peláez, gerente del proyecto de construcción de las esclusas en el Atlántico. El representante del GUPC –también integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa– ha adelantado que el cumplimiento del contrato no sólo implica que el costo de la ejecución de las obras pueda duplicarse o triplicarse, sino que no hay garantías técnicas sobre el diseño de cara al futuro.

El coordinador de la Junta Directiva del GUPC, Paolo Möder, ha señalado este sábado que la ACP se ha negado a sentarse en la mesa de negociaciones a fin de evitar la suspensión de las obras del proyecto de ampliación en el estrecho panameño. En una rueda de prensa, Möder ha enfatizado que ha sido la ACP la que se ha negado a buscar una solución y ha puntualizado que el consorcio está capacitado en este momento para finalizar la ampliación del Canal de Panamá debido a que cuenta con el personal requerido para ello, según ha informado el diario panameño La Prensa.

Ante la expiración del plazo dado por el GUPC de 21 días el pasado 1º de enero, el coordinador de su Junta Directiva ha aseverado que el consorcio va a luchar por sus derechos en los países que sea necesario y hasta las últimas instancias, tribunales internacionales inclusive, de acuerdo con el periódico Panamá América.

Las autoridades panameñas y el GUPC iniciaron negociaciones el pasado viernes para tratar de desencallar la puesta en marcha de la ampliación de una de las principales vías marítimas del mundo, por donde circula el 5% del comercio mundial.

El GUPC ha amenazado con suspender las obras debido a los costos adicionales que implica el proyecto y lanzó un ultimátum a la ACP el 1º de enero para que, en un plazo de 21 días, cumpla con los requisitos establecidos por el consorcio. Por su parte, la ACP ha sostenido en un comunicado emitido este sábado que el GUPC tuvo 14 meses para estudiar con detenimiento todas las aristas de la obra antes de presentar su propuesta. En este punto, Möder ha precisado que el sobrecosto de la obra se debe, además de a los problemas geológicos, al basalto, al concreto y a que la calidad de las piedras que se están extrayendo no es la mejor para las operaciones de relleno de la obra.

El consorcio obtuvo la adjudicación del proyecto en julio de 2009 con un costo de 3120 millones de dólares (casi 2296 millones de euros), una cifra que era considerablemente inferior al precio estipulado por los otros dos competidores en la puja. La ampliación de el Canal de Panamá se ha completado al 72% y el avance de la construcción de las nuevas esclusas, de la que se encarga el GUPC, se sitúa en torno al 65%, según las estimaciones de la ACP.

TIEMPO ARGENTINO

Categoría: Electromagnetismo (sobre EDESUR)

Los propietarios de Edesur y el (doble) Standard ambiental

La empresa multinacional de distribución eléctrica Edesur tiene tres propietarios: la mayoría de las acciones pertenecen a la firma Distrilec, que posee el 56,35 por ciento de la compañía; Enersis con el 43,1 y los mismos trabajadores de la distribuidora, con un exiguo 0,55 por ciento de las acciones.

Sin embargo, detrás de las dos empresas mencionadas existen otras con nombres engañadores sobre los países de origen y algunas sorpresas… Según se desprende de un seguimiento realizado en la web, Distrilec es propiedad de Enersis, que posee el 51,5 por ciento, y Petrobras Energía S.A., con el 48,5 por ciento de las acciones. Aquí es donde comienza el intríngulis, ya que Petrobras Energía no tiene nada que ver con Petrobras, la empresa de participación estatal brasilera que administra el petróleo, sino que es de la ex Pecom Energía, o sea de Pérez Compan, la multinacional de origen argentino.

Por si fuera poco, Enersis pertenece a un holding chileno, pero que en realidad su propietario es Endesa España. Y para colmo de males el accionista mayoritario de Endesa España  no son compañías españolas, sino italianas…

Enersis (la empresa que tiene un 43,1 por ciento de Edesur) es propiedad en un 60 por ciento de Endesa España. Y quien tiene el 92 por ciento de Endesa España no son ni el Estado español ni empresas españolas, sino el Estado italiano.

Efectivamente, el Ente Nacional de Energía Eléctrica (Enel), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia y una de las empresas del rubro más grandes del mundo, es la que posee el 92 por ciento de Endesa España.

La participación accionaria en Enel es un 21,4 por ciento de las acciones en manos del Estado en forma directa, un 10 por ciento en forma indirecta y el 68,4 restante en manos de trabajadores y particulares italianos, que entre todos suman unos 2,3 millones de accionistas.

Mientras la empresa estatal eléctrica italiana, Enel, como accionista mayoritaria de Edesur, impone los ritmos de inversión y de trabajo de la empresa en Argentina, en Italia se manejan distintos standares de exposición a campos magnéticos (cuya unidad de medida es la micro teslas) que los permitidos en Argentina.

Mientras en ciudades italianas como Veneto, Verona y Toscana se permite 0,2 microteslas de intensidad de campo electromagnético, en Argentina se autoriza 25 microteslas, gracias a la resolución N° 77, emitida por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, en 1998.

Dicha resolución, parida durante el menemismo, no tuvo en cuenta los standares sanitarios para proteger a la población de los efectos del electromagnetismo.

Dicha resolución no contempló los estudios y relevamientos sobre electropolución y salud que señalaban que de 0,3 microteslas de intensidad de campo magnético para arriba provoca un sinnúmero de enfermedades.

El biólogo Raúl Montenegro, un científico que investiga la relación campos electromagnéticos y salud en el mundo, contó las conclusiones de sus estudios: “La exposición permanente a campos magnéticos mayores a 0,3 microteslas está asociada a leucemia infantil”.

El actual estándar de campo magnético permitido en Argentina es casi 84 veces más alto que el estándar precautorio de 0,3 microteslas, utilizado en el mundo desarrollado, para prevenir el riesgo sanitario a contraer enfermedades. La elección del límite a los campos magnéticos es una elección entre la vida y la muerte… las autoridades argentinas, permitiendo 25 microteslas, ya eligieron. ¿No es hora de una actualización de la legislación argentina sobre campos magnéticos? ¿No es hora de que en nuestro país exista una norma sanitaria que cuide la salud de sus pobladores?

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