La Iglesia respaldó la Ley de Medios y la "libertad de expresión"
El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Agustín Radrizzani, arzobispo de Mercedes-Lujan, defendió la Ley de Medios y expresó que considera de máxima importancia “que se garantice una participación plural de los ciudadanos y se evite cualquier manipulación de la información para beneficio de unos pocos”.
En el marco de una reunión con el titular del AFSCA Martín Sabbatella, en la sede de ese organismo, monseñor Radrizzani presentó diferentes inquietudes con respecto a las radios y canales de televisión de la Iglesia y se acordó una metodología de trabajo para solucionar algunas cuestiones pendientes.
Monseñor Radrizzani y
Martín Sabbatella.
Sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Obispo señaló: “Consideramos que es fundamental que en todo momento sean respetada la libertad de expresión, especialmente de los más pobres, y del acceso a la información de todos los ciudadanos, así como los valores de nuestro ser nacional y de nuestras raíces cristianas”.
Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella destacó: “Todos valoramos el compromiso de la iglesia con la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad de voces y recordamos su participación intensa en los debates que tuvieron lugar para la elaboración de la ley de medios”. “Tenemos el desafío de seguir trabajando juntos para democratizar la palabra y garantizar el derecho a que todos puedan expresarse”, concluyó Sabbatella.
A través de un comunicado, la comisión episcopal resaltó que la reunión se desarrolló en un marco de cordialidad y Monseñor Radrizzani se retiró satisfecho del encuentro.
El miércoles pasado se cumplieron diez años desde que en la Argentina se declararon nulas las leyes de impunidad y comenzaron los juicios a los responsables del terrorismo de Estado. Diez años de esa bisagra que llegó con Néstor Kirchner, precedida por dos décadas en las que los sectores ligados a los organismos de derechos humanos encarnaron a la perfección aquella frase de Fitzgerald que habla sobre la inteligencia: “Retener en la mente dos ideas opuestas y al mismo tiempo seguir conservando la capacidad de funcionar. Uno debería, por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas son irremediables y sin embargo estar decidido a que sean de otro modo”.
Fitzgerald, emergente y cazador cazado de una sociedad que en los ’30 estimulaba locamente la meta del éxito individual, la escribió en la confesión de su derrota, el Crack Up. Pero esa misma idea puede aplicarse a las luchas que a lo largo de la historia de todos los pueblos han persistido cuando todo alrededor era muro y adversidad. Luchas que, cuando se coronan, obligan a pensar en los que lucharon por lo mismo en el pasado y no llegaron a ver el resultado de su esfuerzo. Hay convicciones, ideales y deseos muy profundos, individuales, pero inscriptos en lo colectivo, que inclinaron siempre, desde hace siglos, a muchos hombres y mujeres a persistir en sus peleas, con viento a favor y en contra, pagando costos que implicaron a veces hasta sus propias vidas, pasándose la posta entre generaciones por cuestiones que precisamente por su permanencia en el tiempo y en la organización pudieron llamarse “banderas”. Las que se llevan en el corazón. Las que, aunque por períodos cortos o largos –no los cuatro años que dura un mandato presidencial sino las décadas o los siglos que tardan en madurar algunas batallas culturales–, no dejaron de ser levantadas por quienes expresaban así ese tipo de inteligencia que formula Fitzgerald, la que consiste en insistir.
Una de esas luchas que llevó décadas fue el voto de las mujeres. Precisamente el mismo día, el miércoles pasado, se cumplieron 67 años desde que el Senado de la Nación aprobó el proyecto del voto femenino, sancionado un año después. Recién desde entonces, 1947, esta democracia tuvo un piso mínimo, que volvió a subir la Constitución del ’49, con la equiparación jurídica entre mujeres y varones.
La lucha por los derechos de las mujeres había empezado mucho antes, naturalmente, pero la pelea concreta de la participación política llegó al mismo tiempo que las respectivas sociedades de todo el mundo, girando de paradigma, y abrieron sus democracias al voto popular. Ni calificado ni optativo, como hasta entonces habían concedido las elites. La idea era por cada persona, un voto. El problema en 1912, cuando se sancionó la ley Sáenz Peña, era que las mujeres éramos un poco menos que personas. Eramos pensadas y educadas como criaturas susceptibles y emocionales que políticamente no estábamos aptas para tomar decisiones. En el debate previo a la ley Sáenz Peña participaron grupos feministas y socialistas que gritaron lo que ahora parece obvio, pero en ese momento era inadmisible por el statu quo. No es que no se le ocurría a nadie que el voto no podía ser considerado verdaderamente universal si no se ampliaba ese derecho a las mujeres. No es que no hubiera lucha. Pero la época estaba cerrada sobre sí misma en este rincón del planeta. No así en Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Alemania, cuyas organizaciones feministas ya participaban más activamente en política. En todos esos países, el voto femenino llegó en 1918.
En la Argentina hubo que esperar casi tres décadas más, pero esperar es una manera de decir. Desde los albores del siglo XX hubo organización y activismo, políticamente liderado por el socialismo, del que salieron casi todas las figuras emblemáticas de los derechos de las mujeres de la época. Su cara más contundente con relación al género es la de Alicia Moreau de Justo, pero hubo muchas otras y no sólo femeninas. Un nombre para recordar es el del gobernador sanjuanino Aldo Cantoni, más asociado siempre a su presidencia de Huracán primero y de la AFA después. En 1927, siendo Aldo Cantoni gobernador, una reforma constitucional convirtió a San Juan en la primera provincia argentina en ampliar el derecho del voto a las mujeres. Este es un tipo de dato de los que en general se escamotean: hubo enormes avances conceptuales y sociales que encarnaron mucho antes en las provincias que en la Capital.
Los aires de equidad sanjuaninos en su momento provocaron recelo en el resto del país, pero también fascinación. Una joven riojana que había estudiado Derecho en Buenos Aires, Emar Acosta, se sintió llamada a un tipo de trabajo político que era impensable en otro lado. En el ’27 tenía 34 años y hacía poco que se había recibido. Decidió afincarse allí, donde se integró a la Asociación de Cultura Cívica de la Mujer Sanjuanina. Al poco tiempo fue nombrada jueza. En las elecciones de 1934, como representante de la Capital, fue candidata a legisladora provincial y resultó electa. Emar Acosta se convertía en la primera legisladora mujer en toda América latina. Hoy, el auditorio del Anexo del Senado de la Nación lleva su nombre.
Mientras tanto, a nivel nacional, socialistas y feministas continuaron sus luchas, que prosperaron y se plasmaron en el primer peronismo y encontraron en Evita a su gran impulsora. Para Moreau de Justo aquello se redujo a “una maniobra política” no vinculada con la convicción sino con la demagogia. Aquellos primeros desencuentros entre el peronismo y el socialismo no fueron nunca del todo saldados. Como telón de fondo yace, como hoy, el reproche del “robo de banderas”, aunque la perspectiva histórica indica que la transformación de la realidad, a través de la política, es en sí misma una bandera que no se puede enchufar y desenchufar como un electrodoméstico: recién después de 1947, las mujeres argentinas fuimos personas políticamente completas, y el voto femenino siguió en vigencia incluso cuando los que le reprochaban autoritarismo al peronismo prohibieron pronunciar en público los nombres de Evita y de Perón.
Los conservadores de los años ’40 insistían en que el voto femenino obligatorio atentaba contra el orden jerárquico familiar y afirmaban que el Estado debía intervenir sólo para “amparar el derecho del hombre a mantener su autoridad”. Por su parte, en uno de los discursos en defensa del voto femenino obligatorio, Evita decía: “Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública, y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar”.
Pasó medio siglo y todavía increíblemente surgen extrañas añoranzas de retroceso, como las que expresó hace poco Chiche Duhalde, surgidas quizá más de una subjetividad atenazada que de una elaboración intelectual. La construcción monumental del patriarcado, cimentada durante veinte siglos, sigue calando en lo inconsciente, en aquello de lo que no se tiene conciencia. El patriarcado, que nos dejaba no sólo sin voto sino sin voz y sin autonomía personal, sigue latente en lo profundo de muchas mujeres que experimentan su libertad como un exceso. La historiadora Dora Barrancos, refiriéndose a este fenómeno, dijo esta semana que “no hay peor circunstancia que travestirse con la ropa del amo”. Esta frase puede leerse en todos los sentidos que atraviesa.
Premio Nobel de economía pide seguir el "camino" argentino
Al analizar la situación caótica de Europa, Paul Krugman habla en The New York Times de las "lecciones" que pueden rescatarse de la evolución argentina para la Eurozona. Además, critica irónicamente la cobertura que se hace en el exterior del país.
Publicado en el The New York Times, el premio Nobel de economía, Paul Krugman, aseguró que el proceso de "recuperación de la Argentina desde la salida de la paridad 1 peso 1 dólar de la Ley de convertibilidad es una éxito destacable que deja lecciones para la Eurozona".
En ese sentido, Krugman, partiendo de un artículo del periodista Matthew Yglesias publicado en el sitio Slate.com, asegura que la "cobertura que la prensa hace en Argentina es un ejemplo de cómo el sentido común puede aparentemente hacer imposible encontrar los hechos básicos bien" y agrega: "Seguimos escuchando historias acerca de la recuperación de Irlanda cuando, de hecho, no existe tal recuperación, pero debería existir, maldita sea, porque ellos hicieron lo 'correcto' por eso, eso es lo que informaremos".
"Y a la inversa, los artículos sobre Argentina son casi siempre en un tono negativo: ellos son irresponsables, están re nacionalizando industrias, hablan demagógicamente, por eso deben ir muy mal", indica Krugman, y pone como ejemplo un cuadro comparativo de crecimiento entre Argentina y Brasil.
Por último, el economista galardonado en 2008, manifiesta: "Sólo para ser claros, pienso que a Brasil le está yendo bastante bien y ha tenido un buen liderazgo. Pero por qué exactamente es Brasil un impresionante 'BRIC' mientras Argentina es siempre denostada. En realidad, nosotros lo sabemos, pero eso -la razón- no habla bien de los periodistas económicos".
En el artículo "El euro está matando al Sur de Europa", Matthew Yglesias habla de lo que "España (y Portugal, y Grecia, etc.) puede aprender de la exitosa salida de la devaluación y default argentino".
El periodista destaca, entre otros aspectos, cómo el país emergió del default y "creció velozmente en años consecutivos, además de bajar la tasa de desempleo hasta el 6,7 por ciento" y subraya: "Una tasa que envidiamos en Estados Unidos".
Sobre el final, el artículo de Yglesias analiza: "Un país económicamente soberano (en referencia a Argentina) tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, mientras que un país encadenado a las políticas macroeconómicas de otra nación está, básicamente, poniendo sus esperanzas en la caridad. Si España no está considerando la posibilidad de renunciar a la Eurozona, debería hacerlo".
Con la nota publicada en Clarín, el pasado domingo, la ex diputada Vilma Ibarra reabre la ya muy transitada discusión sobre el progresismo y su relación con los gobiernos kirchneristas. Utiliza como referencia y blanco principal de sus críticas a Martín Sabbatella, de cuya conducta política extrae el ejemplo de una claudicación: la del progresismo que “hizo silencio”, “traicionó su historia y su identidad” y a quien “le faltó coraje” para denunciar la “corrupción kirchnerista”. La nota está atravesada por circunstancias témporo-espaciales muy significativas: su publicación se produce una semana después de las elecciones primarias en las que disminuyó la fuerza electoral oficialista, diez días antes de la audiencia pública citada por la Corte Suprema a propósito de la ley de medios –de la que Sabbatella es la expresión pública más directa– y en las páginas del diario Clarín.
Abstracción hecha de las descalificaciones políticas con las que lamentablemente se cierra, el escrito resulta interesante como exposición de un punto de vista de lo que significaría ser progresista. Su punto de vista sobre la cuestión empieza con la sorprendente afirmación de que, después de la elección primaria del domingo, “Elisa Carrió se presenta como líder de un importante espacio de centroizquierda”. El verbo utilizado tiene el discreto encanto de la ambigüedad: no “es”, sino que “se presenta”. Y en esa presentación está marcando, según ella, una ausencia en los sectores progresistas que apoyan al Gobierno. Larga sería la discusión sobre si hay un ser de la política por fuera de la presentación, pero Ibarra no abre, en este punto, ninguna discusión: se propone mostrar cómo Carrió, Macri y la izquierda testimonial –algo así como el recorrido del arco político en toda su amplitud– han tenido un discurso “consistente” sobre la corrupción, del que según su autora careció el “progresismo kirchnerista”.
Un poco más cerca de un intento de definición del sujeto político cuya identidad justifica el ataque a un sector político definido (la fuerza de tradición de centroizquierda que forma parte del kirchnerismo), Ibarra declara su añoranza de las voces “que hace no muchos años convocaban votos, voluntades y militancia, con un discurso que demandaba una Justicia independiente, una mejor redistribución del ingreso y una lucha frontal contra la corrupción, el clientelismo y la re-reelección menemista”. Para la autora de la nota, entonces, la cuestión principal es la relación entre lo que en los años noventa se llamó centroizquierda o progresismo y el proceso político kirchnerista. Efectivamente, en aquellos años –los años de la revolución neoconservadora, de la caída del Muro de Berlín, del Consenso de Washington– la agenda central de las fuerzas que con más energía y, en algunos casos mejor resultado electoral, disputaban con el menemismo giraba en torno de la corrupción, los abusos decisionistas y las estrategias de reproducción de su poder. Ni antes ni después de su victoria electoral, esos sectores plantearon la existencia de un proyecto de desarrollo nacional alternativo al que se desarrollaba en esos años con todo su esplendor y toda su violencia social. Como participante activo de aquel sector, puedo decir que la “mejor redistribución social” que el texto le atribuye funcionaba más como señal de una lejana tradición política que como un programa político. Claramente, y así lo demostró la experiencia de la Alianza, la distribución regresiva y el aumento de la desigualdad no eran fenómenos exteriores, sino puntales del programa económico y del proyecto político vigente en esos años.
Aquella experiencia política puede ser reconocida valorativamente por su eficacia política para enfrentar a un gobierno que avanzaba en una dirección conservadora con apoyo social mayoritario y a favor de la instalación de un “pensamiento único” en el país. Sin embargo, ese reconocimiento debería completarse con el señalamiento de límites conceptuales que lo llevaron a confluir políticamente de modo indiferenciado con quienes sustentaban un proyecto de atropello social y vaciamiento de la política. El progresismo de entonces no fue, de ningún modo, el ala izquierda del gobierno de la Alianza; con respeto histórico hay que recordar que fue Raúl Alfonsín, enfrentado con la dirección radical de entonces, quien se constituyó en uno de los más severos críticos del proyecto de país impulsado por el menemismo y no ahorró críticas al gobierno de la Alianza. Nada que pueda llamarse eficacia contra la corrupción estatal o “superación del clientelismo” (cualquiera fuera la definición de tan ambiguo y presuntuoso objetivo) fue puesto en marcha por la coalición que ganó la elección presidencial de 1999; el vergonzoso episodio del soborno en el tratamiento de la ley laboral en el Senado incluyó entre sus protagonistas a algún referente de la fuerza progresista de la época.
La memoria reivindicativa que ensaya Ibarra tiene un marcado sentido político, el de situar en un pie de igualdad al menemismo con el kirchnerismo y, a partir de ahí, comparar el “coraje” de aquel progresismo y el “silencio” de sus oscuros herederos oficialistas. Claro que esto no puede hacerse sin construir un momento de ruptura entre la etapa de su propia adhesión al oficialismo y su actual posición de impugnación. Ese parteaguas se construye a partir del rumbo político asumido por el partido que dirige Martín Sabbatella, cuando decidió afirmarse como fuerza componente del espacio kirchnerista. Según la mirada del artículo, esa decisión trajo consigo el silencio de la crítica y la pérdida de la independencia. El desarrollo de la nota permite ver que el silencio que se cuestiona es el de no haberse sumado a las campañas desestabilizadoras que en los últimos meses han girado en torno de muy promocionadas denuncias de corrupción y de la cerrada resistencia de la corporación judicial –dentro de la que hay muchos protectores de corruptos– a un proyecto de democratización de ese poder. Lo más sugerente es que Ibarra, igual que todos los exponentes conocidos de la vulgata clarinista, solamente hace referencia a casos en los que las sospechas salpican más o menos cerca de los funcionarios kirchneristas o de sus amigos. Nada de corrupción en el Poder Judicial, entre los grandes concentradores de la propiedad de la tierra, ni en las finanzas, ni en los multimedios. En estos discursos aparece con nitidez cómo los temas de ética pública han dejado de ser necesariamente síntoma de valentía y de transparencia política para pasar a ser con mucha frecuencia instrumentos de una estrategia política. Diríamos mejor, de una estrategia antipolítica, puesto que una vez que el antagonismo se desplaza al plano ético quedan afuera las cuestiones del rumbo político del país, las cuestiones del contenido del poder: solamente nos resta creer que entre los amigos o aliados políticos actuales de Ibarra no hay políticos corruptos ni caciques clientelistas o que los fenómenos de corrupción política serán algún día drásticamente eliminados por apelaciones morales como las que la autora dirige a Sabbatella y al kirchnerismo.
Una discusión más fructífera tendría que abandonar el territorio de jueza de un tribunal moral que adopta la autora del artículo. Tendría que preguntarse por la naturaleza de los procesos transformadores, por su historia nacional y mundial. Tendría que pensar en los liderazgos de esos procesos, sus alianzas, sus contradicciones, sus glorias, sus miserias y sus tragedias. Desde Maquiavelo (¡hace quinientos años!) podríamos saber que el líder transformador no es un reformador moral, no es un agitador de verdades sagradas ni un cultor de los buenos modales. Que su moral tiene eje en el bien de la patria. Podríamos saber que la política es la disputa del poder y ésta no ha sido nunca en la historia materia de monjes ni de almas bellas. Hace falta mirar a nuestro alrededor para saber cuán corruptos, mentirosos y clientelistas son, para las clases dominantes de sus respectivos países, personas como Chávez, Correa, Evo Morales e incluso Lula y Dilma en el tan envidiado Brasil. Hace falta recordar el juicio de los contras sobre Perón y Eva Perón. Y también el juicio ético que tenía la oligarquía argentina sobre Yrigoyen y el radicalismo transformador. O, más cerca, la manera en que fue usada la cuestión de la corrupción en el desgaste del gobierno de Raúl Alfonsín.
Hay un sector participante de aquellos “años dorados” del progresismo de los noventa que ha producido un viraje en la dirección del compromiso con un proyecto que considera profundamente transformador. Ha decidido, en consecuencia, asumir sus problemas, vivir sus contradicciones, fundirse con él en términos de horizonte histórico y práctica concreta. Ibarra habla en tono crítico de lo que Sabbatella “no hizo”. Para el autor de esta nota hay algo muy importante que no hizo: no se prestó a ser la luminaria progresista y ética del multimedio y sus favorecedores, tarea para la que no tenía ningún antecedente de corrupción que lo inhabilitara. Tomó una decisión política de alto riesgo por la que parece estar dispuesto a pagar costos. Toda decisión política puede discutirse. Sin embargo, la discusión que plantea Ibarra está cargada de los estereotipos de la prensa dominante y, lo que es peor, se inclina a la descalificación moral en el lugar que correspondería al debate de ideas.
“Es necesario consolidar un modelo que tiene que resolver problemas estructurales”
El ex embajador argentino en Francia considera que la inflación, la competitividad, la puja distributiva, la producción de hidrocarburos y la política industrial son algunas de las tensiones que deben ser abordadas por el Gobierno.
Por Tomás Lukin
El economista Aldo Ferrer rechaza que el resultado de las elecciones primarias condicione la política económica del Gobierno, pero advierte que hay desafíos estructurales y desequilibrios macroeconómicos a los que hacer frente. “El proceso de reindustrialización basado en la recuperación de la soberanía requiere más inversión privada y cambio tecnológico, la inversión pública y de las pymes son fundamentales pero no alcanzan. Para eso es fundamental el debate al que está convocando el Gobierno a los actores económicos”, afirma el ex embajador argentino en Francia y uno de los principales referentes del pensamiento económico nacional. La inflación, la competitividad, la puja distributiva, la producción de hidrocarburos y la política industrial son algunas de las tensiones que el fundador del Plan Fénix considera que deben ser abordadas para garantizar la “sustentabilidad del modelo”.
–¿El resultado de las elecciones primarias está vinculado a la coyuntura económica y el malestar de algunos sectores con medidas como las restricciones a la compra de divisas?–Todos los aspectos de la realidad influyen en las opciones del electorado. Siempre hay algunas insuficiencias para resolver. Las PASO son una elección previa a la que le seguirá una renovación legislativa en octubre, y luego otra presidencial. Forma parte del proceso democrático. No hay que exagerar la influencia. Lo que sí está claro es que los modelos económicos se defienden en función de la consistencia de sus principios y de sus resultados, y estamos viendo que hay muchos logros relevantes que le otorgan al Gobierno un apoyo significativo sobre el electorado. El resultado de las elecciones no va a definir el rumbo financiero y económico de Argentina. –¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la economía argentina en la actualidad?–Los riesgos que se plantean ahora están asociados a la sustentabilidad del modelo. Es necesario consolidar un modelo nacional que tiene que resolver problemas estructurales fundamentales como el energético o el déficit en el comercio exterior de manufacturas a pesar del fuerte aumento de la producción industrial de la última década. El déficit en el balance comercial de manufacturas industriales revela el insuficiente desarrollo del aparato industrial argentino. Subsisten problemas estructurales y también hay desequilibrios macroeconómicos que hay que atender. –¿A qué se refiere con desequilibrios macroeconómicos?–Hay una situación muy tensa en las finanzas públicas por la política de subsidios destinados a contener la inflación. También existen tensiones con los precios internos y con el tipo de cambio. Hay que tratar de evitar que los costos suban más que la paridad nominal del tipo de cambio y sostener espacios de rentabilidad a largo plazo que contribuyan a frenar la fuga de capitales. Hay un problema de sustentabilidad del modelo que permitió una muy importante recuperación de soberanía, pero esto sólo se puede consolidar sobre bases muy firmes de equilibrios fiscales y pagos internacionales. La reacción a los problemas se dio cuando éstos eran muy agudos. Hay tensiones que se pretende corregir con controles legítimos pero es necesario recuperar solvencia fiscal y competitividad. Hay situaciones tensas que no generan un clima propicio para el ahorro y la inversión. –Ese análisis se asemeja mucho a los planteos ortodoxos.–Hay una ortodoxia irresponsable y neoliberal que plantea la necesidad de un ajuste del gasto y bajar los salarios. Y hay otra ortodoxia que dice que hay que vivir con lo nuestro y mantener la casa en orden. La sustentabilidad radica en esos dos principios: no hay que depender de crédito externo y se deben mantener equilibrios responsables para evitar los desvíos que abren el espacio para el retorno a las recetas de la ortodoxia. Hay que buscar el pleno empleo, inducir la inversión y apuntar todos los instrumentos al crecimiento. Pero no se construye nada en el desorden ni en un escenario de tensiones. –¿Sostiene que hay que bajar el gasto público?–No es un problema de nivel del gasto, no hay que bajar el gasto. El nivel de gasto público es razonable dado el nivel de desarrollo. Pero es necesario ocuparse de la calidad del gasto público y mantener una situación de superávit primario que transmita señales contundentes de que las finanzas públicas están sólidas. Naturalmente hay una demanda de gasto muy grande pero los desequilibrios generan climas poco propicios para la sustentabilidad del modelo. Los subsidios tienen que estar bien focalizados y analizar si se justifican como instrumentos para contener el alza de precios. También queda mucho por hacer en materia tributaria. Es necesaria una reforma integral y una iniciativa como la de gravar la renta financiara es buena. –¿Cómo se logra impulsar la exportación de bienes industriales en un escenario internacional de crisis donde cayó sensiblemente la demanda para esos productos?–El problema de Argentina no apareció ahora, es una vieja limitación. Incluso en condiciones de tensión como las que hay ahora existen muchas cosas que se pueden hacer en materia microeconómica y en las economías regionales para promover la transformación productiva. Así como no es todo por viento de cola no todo es por el viento de frente. –El BCRA reconoce que se perdió parte del colchón cambiario extraordinario que generó la devaluación de 2002. ¿La pérdida de competitividad se debe resolver con un nuevo salto cambiario?–No. El tipo de cambio se tiene que discutir en conjunto con toda la política económica que define la competitividad. Está claro que hay un desfasaje entre los costos internos y la paridad nominal y esto achicó la rentabilidad. El BCRA ajusta continuamente la paridad nominal. Un tipo de cambio competitivo, administrado, para atender la realidad en un país en desarrollo es fundamental. Pero el tema de la competitividad no incluye sólo el tipo de cambio. Hay que apelar a todos los instrumentos necesarios para fortalecerla. –¿Se requieren mayores niveles de inversión para lograr una transformación de la estructura productiva?–Es necesaria una política explícita de incentivos a la inversión privada en sectores estratégicos. Lo que hace al éxito de la política industrialista en Asia es que los beneficios para las empresas están condicionados a metas de exportación, inversión y cambio tecnológico. Si no lo cumplen, pierden los beneficios. Hoy no está la contrapartida de la sanción al no cumplimiento de objetivos compartidos. La política de transformación implica alianza con sectores privados y públicos que requiere incentivos y sanciones. En los últimos años existió un énfasis público en materia de ciencia y tecnología. En Argentina continúa aumentando el déficit comercial en materia de bienes industriales de alto contenido tecnológico. El desarrollo en esos sectores dinámicos continúa rezagado. Para eso hacen falta compromisos recíprocos entre las políticas públicas y el sector privado. –Sin embargo, los avances en materia de regulación formal e informal desde el Estado son duramente resistidos desde los grupos económicos más poderosos, que son beneficiarios de las políticas de impulso a la demanda y las herramientas de protección comercial.–Cuando hay incentivos debe haber compromisos. Si el atractivo del régimen para la inversión y las ganancias es suficiente vas a tener una respuesta positiva. El economista polaco Michal Kalecki planteó hace mucho tiempo que los grupos económicos dominantes privilegian la posición dominante por sobre sus ganancias. No les gusta que intervenga el Estado, prefieren operar en sectores con alto desempleo y poca presencia sindical. La clave del éxito es atraer al campo de la inversión y el cambio técnico a un sector privado que puede tener ese comportamiento. Es necesario y posible pulir las políticas de industrialización con incentivos y objetivos claros. Si no lográs la incorporación de la inversión privada a la reindustrialización y el cambio tecnológico, descansás esencialmente en la inversión pública y de las pymes, que son fundamentales pero no alcanzan. –La presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a los principales actores económicos y sociales a debatir el proyecto económico.–El debate entre los actores económicos y sociales y el Gobierno es fundamental. Los cambios necesarios para el desarrollo, para el crecimiento con inclusión social, creación de empleo y cambio tecnológico no se pueden lograr en un marco de hostilidad continua entre el Estado y los sectores privados. El diálogo es fundamental para limar asperezas, pero eso no quiere decir que desaparecen los conflictos ni que la creación de una mesa de diálogo le quite al Poder Ejecutivo la responsabilidad de gobernar. Puede mejorar mucho la calidad del diálogo. Las medidas de protección al mercado interno y estímulo de la demanda son fundamentales pero son necesarios incentivos a la transformación industrial. Porque si no vuelve a suceder que el sector industrial desequilibrado en términos comerciales termina descansando en el superávit de divisas que genera la actividad primaria. Ese es un modelo de industrialización a medias y eso no es consistente.
Luego de exhumar algún apego a las instituciones y a la transparencia de parte de Carrió y Macri, la ex legisladora Vilma Ibarra se ocupa de ejemplificar, con mi nombre y el de la fuerza en la que milito (y donde ella militó hasta 2011), una supuesta "Deserción progresista del kirchnerismo", según el título que lleva su nota en el Clarín del domingo. Antes de adentrarme en el necesario debate sobre el rol del progresismo en esta década de cambios profundos, debo decir que aburre por reiterado el recurso de tocar timbre en lo de Magnetto para denunciar aquello que se defendió hasta el momento inmediato anterior a perder una banca o un contrato en el Estado. Tampoco escapa a nuestra ex compañera la inminencia de una definición judicial sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; sus respetables críticas son a un funcionario nacional que afronta con orgullo la tarea encomendada por la presidenta de aplicar integralmente esa norma, tal cual lo dispuso el Congreso de la Nación. Menos aún le es ajeno a Ibarra, que llegó a ser diputada en 2007 en la lista del Frente para la Victoria, que esas críticas tienen cabida en el medio insignia de la escuadra Clarín. Cada cual se pone al servicio de los intereses que más le preocupan, así que prefiero ir al fondo de la cuestión antes de perderme en interpretar quién dice qué, por qué canales y con qué propósitos.
El llamado progresismo es un universo ambiguo y turbio que siempre me resulta incómodo por confuso y contradictorio. La sombrilla "progre" protege de la intemperie ideológica a variados pensamientos, populares y antipopulares, marxistas y liberales, entre otros. Con algunos de ellos compartimos nuestra preocupación por enfrentar la desigualdad, terminar con cualquier tipo de discriminación, garantizar los derechos civiles y sociales, transparentar el ejercicio de la función pública, recuperar el rol del Estado como actor de un desarrollo equitativo o ampliar nuestra Democracia. Pero cuando esas consignas, que todos pronunciamos con denuedo, deben traducirse en acciones concretas, las coincidencias se achican y las contradicciones emergen.
Martín Sabbatella.
Las dificultades de ser coherentes entre lo que se piensa, se dice y se hace no son sólo temporales, sino también geográficas. Muchos "progresistas" de nuestro país se llenaron y se llenan la boca exaltando procesos políticos y sociales como el de Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Otros, ni siquiera eso, y llaman a votar a Capriles. Los primeros se muestran defensores de gobiernos a los que suelen mencionar como prototipos revolucionarios, ignorando sus complejidades y ocultando que, al interior de esos países, voces "progres" levantan sus dedos con acusaciones similares a las que aquí les prodigan ellos y ellas a nuestro proyecto nacional. Al mismo tiempo, los próceres latinoamericanos contemporáneos que decoran las paredes de los locales de la "progresía" local, abrazan a Cristina como su referente argentina, porque reconocen en ella, como reconocieron en Néstor, a grandes luchadores por la justicia social, la paz, la libertad, la democracia y la integración de nuestro continente.
Las categorías suelen ser imprecisas y en la vaguedad habitan las contradicciones. En la Argentina de hoy, cuando se dice progresismo, levantan la mano, entre muchos y muchas, Binner, Donda, Stolbizer, Carrió, Alfonsín, Prat-Gay, Solanas, Lavagna u Ocaña, sin espantarse de viajar en el mismo bondi con favorecedores de la concentración económica, empleados del JP Morgan, devaluadores, destructores de la industria nacional, endeudadores compulsivos o productores de desempleo masivo. De lo que se trata es de pegarle "por izquierda" al gobierno, o al menos que eso parezca, Clarín mediante. Los autodefinidos centroizquierdistas sepultan a luz del sol aquella máxima de Norberto Bobbio acerca de que la izquierda no naturaliza la desigualdad, como sí lo hace la derecha. Bajo la marca de un decentismo indocumentado babean "progresismo" personas que apoyaron y tuvieron cargos en gobiernos corruptos, violentos e impopulares y otros que, al frente de "inmaculadas" gestiones municipales y provinciales, no pusieron en práctica ni una cuarta parte de los mecanismos de transparencia y participación que nosotros sí implementamos al frente del municipio de Morón. Necesitan para tanta incoherencia los favores de la prensa del establishment que paga con centímetros de gráfica y minutos de aire el servicio de los denunciantes siniestros. Mutua conveniencia.
La integración de nuestra fuerza al kirchnerismo fue tan natural como anticipada. Basta repasar qué banderas levantamos desde nuestros inicios en la vida política para ver en qué lugar del mapa debíamos estar y con quién. Quienes crecimos en los '80 enfrentamos al menemismo desde que este se presentó como el garante de la impunidad de los asesinos de la dictadura y como el proceso que venía a completar el plan de destrucción de la industria nacional, dependencia de los organismos financieros internacionales, transferencia brutal de ingresos de los sectores trabajadores hacia el capital especulativo y masificación de la pobreza, la miseria y el desempleo.
Confluimos, en aquellos primeros años de resistencia al neoliberalismo de Menem, con otros y otras que habían resistido la proscripción del peronismo, que habían reverdecido en la primavera camporista, que habían sufrido la persecución de López Rega y la dictadura y, también, con quienes se habían ilusionado con que la recuperación de la Democracia quebraría definitivamente el plan genocida de exclusión social diseñado en los '70 en Washington para toda Latinoamérica. Nos frustramos con la trágica experiencia de la Alianza, que escondió sus propósitos continuistas bajo el ropaje de un progresismo con vocación de poder, alzando las mismas banderas que nosotros siempre levantamos.
Mantuvimos altas esas banderas en Morón, demostrando que sí era posible llevar adelante una gestión rupturista, transformadora, honesta, eficiente y a favor de las grandes mayorías populares, sin canjearle al establishment principios por gobernabilidad. Nos dimos a la tarea de construir una nueva fuerza política nacional. Mientras atravesábamos la enorme crisis social, política y económica que estalló a fines de 2001, fortalecimos con un inmenso respaldo popular nuestra gestión en Morón y dimos nacimiento al Encuentro por la Democracia y la Equidad, que luego se ampliaría como Frente Nuevo Encuentro.
A la par, en 2003, surgió en el país un proceso político sorprendente liderado por un presidente inesperado, Néstor Kirchner, que empezó a levantar y a traducir en políticas públicas concretas los principios, los ideales, los sueños que justificaban nuestra lucha cotidiana.
¿Cómo no estar junto a ese dirigente y miles de compañeros y compañeras en la apertura de la ESMA o en la anulación de las leyes de impunidad luego de décadas de pelear por la verdad y la justicia y de haber abierto, en Morón, la primera Casa de la Memoria y la Vida en el predio en el que se había asentado el centro de detención y torturas Mansión Seré? ¿Cómo no acompañar y festejar la apuesta fuerte a la Patria Grande luego de haber luchado por la comunión latinoamericana y de ser promotores de espacios de unidad regional como la Red de Mercociudades que tuve el orgullo de integrar y conducir? ¿Cómo renegar de nuestra trayectoria enfrentando el más importante proceso de desendeudamiento que recuperó la soberanía económica nacional? ¿Cómo no respaldar la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la reestatización del sistema previsional o la urbanización de barrios populares, si convivimos diariamente con las víctimas de la exclusión, la marginación y la injusticia y trabajamos a brazo partido para paliar con recursos municipales las consecuencias de aquella tragedia social? ¿Cómo no estar al lado de Néstor y Cristina bancando la democratización de la palabra frente a explotadores de medios que crecieron y se enriquecieron durante la dictadura y el menemismo y aplastaron con su hegemonía el derecho a la comunicación y la libertad de expresión de millones de argentinos? ¿Cómo no poner el cuerpo para defender las retenciones a las ganancias extraordinarias de grandes empresarios de los agronegocios que se llenaron y se llenan de dinero mientras ostentan los niveles más altos de empleo en negro? ¿Desde qué presunta concepción "progresista", desde qué plaza y al lado de qué corporaciones se nos puede objetar que metamos los pies en el barro de la historia para estar junto a los que luchan a favor de los castigados, de los desposeídos, de los ninguneados y humillados? Que se pongan el sayo "progre" los que asumieron que su rol histórico es constituirse en lo más transgresor que les permite el sistema para mantener la injusta matriz económica y productiva. Es todo suyo.
Nosotros ingresamos al kirchnerismo con nuestros ideales, nuestra experiencia y nuestro compromiso, desde nuestras plenas convicciones, poniendo el cuerpo sin más cálculo que el de aportar a este movimiento plural, diverso y complejo, pero sobre todo transformador y popular. Ingresamos sin bajar una sola de nuestras banderas, a compartir con otros y con otras, el proyecto que lidera Cristina y que define al campo nacional, popular y democrático del siglo XXI.
Afuera resisten quienes se niegan a perder sus privilegios y, también, el puñado de enmascarados que los asisten con denuncias no probadas y con la impunidad que les concede su pacto lastimoso con quienes arruinaron el país hasta el 2003.
