The Economist y The New York Times

“Cien años de declinación”

Por Andrés Asiain y Lorena Putero

En un artículo publicado hace unas semanas en la revista inglesa The Economist se afirma que la Argentina lleva 100 años de declive económico. Similar planteo puede leerse en una reciente editorial del The New York Times, donde a un periodista de ese medio le alcanzó una breve parada de crucero en Ushuaia para dar lecciones de historia económica argentina. Tanto el refinado análisis del británico como la vulgar columna del norteamericano comparten la idea de que la Argentina viene en declinación desde los tiempos del “granero del mundo”, cuando teníamos un Producto por habitante superior al de muchas economías hoy consideradas más prósperas.

El análisis parte de reducir la prosperidad o decadencia económica al Producto por habitante. Vale señalar que Argentina no contó con estimaciones precisas y continuas de su producción y sus habitantes hasta la creación del Consejo Coordinador de Investigaciones, Estadísticas y Censos, en julio de 1946. Una estimación posterior hecha por la Cepal reconstruyó las estadísticas de producción desde el año 1900. El fallecido economista británico Angus Maddison, de quien se suele tomar los datos, indicó que utilizó una versión no publicada de ese trabajo de la Cepal y luego “asumió que el crecimiento anual del Producto por habitante entre 1870 y 1900 fue el mismo que entre 1900 y 1913” (Maddison, Monitoreando la economía mundial, 1995). Un heroico supuesto que pasó por alto acontecimientos como la crisis de 1890.

Más allá de lo endeble de la información utilizada para medir el Producto por habitante, éste no es indicador de desarrollo económico. La elevada renta por habitante de los tiempos del granero del mundo era similar a la que muestran hoy algunos emiratos petroleros, como resultado de la explotación de una gran riqueza natural en un país de escasos habitantes. Así como Qatar, pese a tener el mayor Producto por habitante del mundo, no es considerado en la actualidad una potencia económica superior a Estados Unidos, Alemania o Japón; de la misma forma, la Argentina del granero del mundo, pese a tener una renta por habitante similar a la de algunas naciones industriales de esos tiempos, no era una potencia.

Siguiendo con esa similitud, el impacto que tuvo el proteccionismo agrícola de las potencias a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, con el consiguiente derrumbe del precio de nuestras materias primas de exportación, fue similar al que tendría una baja del precio del crudo para un emirato petrolero. La tardanza en realizar políticas de protección industrial de una oligarquía que se resistía a admitir el agotamiento del modelo agropecuario exportador fue señalada por intelectuales de la época como la causa de retraso de nuestra economía frente a países como Australia, Canadá, Brasil, Japón, India y Sudáfrica (Bunge, La economía argentina, volumen II, 1928).

Como indica Eugenio Díaz-Bonilla en un artículo del 27 de febrero de este año publicado en ecomonitor, durante la etapa de industrialización 1945-1975, nuestra economía creció a un ritmo similar o algo superior al de economías como Estados Unidos, Australia y Uruguay. La declinación real de la economía argentina, comparada con cualquier otra del mundo, surgió con el último golpe militar, realizado por quienes, compartiendo el mito de la larga declinación, quisieron reimplantar el granero del mundo. A fuerza de liberalismo económico y autoritarismo político lograron replicar genocidio y miseria dignos de un Mitre o un Roca. Pero en el mundo no había lugar para graneros sino para especulación financiera, hecho que derivó en una deuda externa que recién empezó a ser saldada en los últimos años

andresasiain@gmail.com

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Eugenio Díaz Bonilla desarma los mitos sobre la historia económica argentina

“Estados Unidos tuvo una política mucho más democrática respecto de la propiedad de tierra”

El semanario británico The Economist y el diario estadounidense The New York Times revivieron días atrás el lugar común de la Argentina que fue rica y ahora es pobre por culpa del peronismo. Díaz Bonilla, economista argentino del International Food Policy Institute de Washington, esgrime datos, números e interpretaciones que rebaten esas falsas creencias, instaladas aquí y en el extranjero como pruebas irrefutables del supuesto declive argentino.

Por Marcelo Justo

El mito sobre la Argentina rica de la “Belle Epoque” ha sido revivido una vez más por The New York Times y el semanario británico The Economist para criticar la supuesta decadencia actual. El mito descansa sobre un dato. A principios del siglo XX, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional se situaba entre los diez más altos del planeta. El corolario usual de este dato esgrimido tanto en el país como en el extranjero es que todo se arruinó con el peronismo. En la página web de Economonitor, que dirige el célebre economista Nouriel Roubini, el economista argentino Eugenio Díaz Bonilla, del Ifpi de Washington (International Food Policy Institute), usó los datos del proyecto Maddison –la mejor fuente para la comparación global histórica de distintas naciones– para comparar el desarrollo argentino con el de Estados Unidos, Australia, Europa y el resto de América latina. Página/12 dialogó con Díaz Bonilla.

–The Economist tituló su nota con un “Cien años de declive”. Según el semanario, en los 43 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, Argentina creció un 6 por ciento anual, record mundial que superaba a Francia, Italia y Alemania. Son datos supuestamente duros, pero usted los llama también parte de un “mito”. ¿Por qué?
–Las comparaciones que se suelen hacer para sostener este mito son con Estados Unidos, Australia y Europa. Si uno toma como punto de referencia el ingreso per cápita de Estados Unidos, en 1900, Argentina, al igual que Alemania y Francia, tenía aproximadamente un 70 por ciento del PIB per cápita de Estados Unidos, mientras que Australia estaba en un 98 por ciento, casi en paridad de Estados Unidos. Con este punto de partida se puede llegar a una conclusión como la de The Economist porque hoy el PIB per cápita argentino respecto al estadounidense es del 33,6 por ciento. Ahora bien, si seguimos los datos del proyecto Maddison y comparamos a Argentina con Australia, vemos que ambos países evolucionan de manera muy similar respecto del ingreso per cápita estadounidense hasta 1975, aunque siempre con una ventaja para Australia, que tiene menos población y más recursos minerales per cápita. Lo que se dispara entre 1938 y 1944 es que Estados Unidos duplica el ingreso per cápita durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí Argentina y Australia bajan un peldaño, cada país desde su peldaño relativo, en relación con Estados Unidos. De modo que no es que Argentina (y Australia) dejen de crecer porque adoptan una política distinta sino que Estados Unidos crece entre 1938 y 1944 a un 12 por ciento anual y profundiza, por el desarrollo vinculado con la guerra, la distancia con ambos países. El otro punto de comparación que se hace para Argentina, los países europeos, no toma en cuenta que en la posguerra, con el Plan Marshall estadounidense, Europa logra un crecimiento del PIB per cápita que termina siendo entre 1945 y 1975 del 3 por ciento anual, muy por encima de la tendencia previa. Tanto Argentina como Australia, que no contaron con ese plan Marshall, perdieron terreno respecto de Europa. Y lo que está claro es que la real diferencia con Australia se produce entre 1975 y 1989. Es más, si hubiéramos seguido creciendo como lo habíamos hecho hasta 1975, hoy tendríamos un crecimiento per cápita cercano al de Nueva Zelandia o España.
–Un elemento que el mito rara vez menciona es que Argentina participaba de un modelo de intercambio internacional en el que exportaba materias primas e importaba productos manufacturados. Si bien a nivel de ingreso per cápita se podían hacer comparaciones entre Argentina y Europa, a nivel de estructura económica había una distancia sideral. Exagerando un poco las cosas se podía decir que Argentina era la Arabia Saudita de principios del siglo pasado.
–En esto es muy útil el trabajo de Barrington Moore “The Social Origins of Dictatorship and democracy”, en el que analiza la importancia de la estructura agraria. En Estados Unidos hubo una gran ocupación territorial sobre la base de la colonización familiar, que provocó una distribución de la tierra mucho más igual. Esto favoreció el desarrollo del mercado interno, de la industria y de la democracia. En el caso argentino, el territorio fue ocupado por mucha menos gente y mucho más rápido y más concentradamente después de la Conquista del Desierto. A diferencia de Estados Unidos, que estaba más concentrada en su mercado doméstico, Argentina quedó mucho más fijada en la exportación. Además, Estados Unidos recibió mucha más inmigración. Hay un libro de Alan Beattie, False economy: A surprising economic history of the world, en la que dice que las dos naciones estaban más o menos iguales en el siglo XIX, pero Estados Unidos adoptó las políticas correctas y Argentina no. Esta versión no toma en cuenta para nada la diferencia demográfica y de recursos con Argentina. En 1870, Estados Unidos tenía la misma población que tiene Argentina hoy, alrededor de 40 millones de habitantes. Además se independiza de la principal potencia mundial de la época, Inglaterra, bastante antes de la Revolución de Mayo. No hay punto de comparación desde el punto de vista histórico o de desarrollo agrario, productivo, o demográfico.
–Pero además de este factor demográfico, en Argentina hubo un hecho histórico de poder político que fue la Conquista del De-sierto y su repartija.
–Es cierto. Por un lado tenemos las condiciones objetivas de territorio y población. Estados Unidos tuvo una política mucho más democrática respecto de la propiedad de tierra porque había mucha gente que pedía tierra y había que responder a esa demanda. En Argentina había mucha menos gente y la tierra se ocupó de una manera mucho más rápida, desplazando a comunidades indígenas de manera indudablemente salvaje. Esto generó un tipo de tenencia de tierra concentrada. Miremos otro ejemplo histórico, el de España y los moros. España tiene una estructura agraria hoy de minifundios en la zona este y nordeste y de latifundios en la zona sudoeste. ¿Por qué? Porque la reconquista se hizo durante muchos siglos en la parte nordeste y este. En cambio en el sur la liberación fue muy rápida y esa tierra se dividió entre menor número de gente, lo que da una estructura más latifundista.
–La novela de Mario Vargas Llosa Conversación en la Catedral comienza con un personaje que se pregunta “¿cuándo se jodió el Perú?”. ¿Cuándo se jodió la Argentina, entonces?
–La historia, la geografía y la demografía te van condicionando el patrón de desarrollo de una economía. Australia tiene un territorio mucho más grande que Argentina, recibió menos gente y además tenía metales. Con lo cual siempre tuvo un nivel de ingresos superior a Argentina. Argentina vendió durante mucho tiempo un producto, la carne salada, y recién con el frigorífico y la consolidación del mercado internacional de granos se produce un cambio que le permite dar un gran salto, pero ya para entonces la estructura agraria estaba muy consolidada. Con esta estructura tiene que adaptarse a la democracia y a la necesidad de una industria. Acá es interesante la comparación con Estados Unidos. Estados Unidos decidió el dilema del país agrario versus país industrial en el siglo XIX con la guerra civil, que además del tema de la esclavitud era un enfrentamiento entre el sur agroexportador y el norte industrialista más centrado en el mercado interno. Después, a principios de siglo, Estados Unidos tiene el debate en torno del voto de la mujer. Y en 1960, cien años después de la guerra civil, tuvo la discusión de la incorporación política de las minorías. Desde esta perspectiva se puede decir que el peronismo fue un intento de hacer estas tres cosas juntas: el modelo industrializador, el voto femenino y la incorporación de grupos sociales que estaban marginalizados del sistema político, aunque ciertamente no eran minorías. Este intento choca con la estructura previa agroexportadora, poco democrática, un choque que tardamos desde 1955 hasta 1983 en procesar. El golpe militar de 1976 se planteó como un intento de solución final del peronismo que John William Cook llamaba el “hecho maldito de la sociedad burguesa” y que yo creo que era un proceso de modernización e inclusión social de un país. Con el regreso a la democracia, el radicalismo tuvo la mala suerte de gobernar con la fuerte deuda externa generada por el gobierno militar, una caída de los precios de los productos primarios y un sector sindical que quería, razonablemente, recuperar lo perdido durante la dictadura militar, a lo que se sumaron todos los intentos de golpe que vivió. A partir del 89-90 Argentina vuelve a crecer, no obstante la gran desilusión que termina siendo la convertibilidad, y a partir de 2002-2003 Argentina crece hasta 2011 a un ritmo que es el más alto desde fines del siglo XIX.
–Estas comparaciones que se hacen en base al PIB terminan a veces dando resultados sorprendentes porque pueden contabilizar un período como el menemismo como de crecimiento cuando en realidad se estaba desintegrando la estructura productiva nacional. ¿No es un poco tosco este parámetro del PIB?
–De acuerdo. Es la mejor manera que tenemos los economistas para medir, pero tiene muchas limitaciones. Uno debería tener medidas de progreso en salud, educación, calidad institucional, pero lamentablemente sólo entre 1990 y la fecha se ha ido mejorando en la medición de muchas de esas variables. Hoy podemos decir, siguiendo los datos del proyecto Maddison, que desde 2007 no toma en cuenta los del Indec, que Argentina es un país de ingresos medios altos. Pero si bien los modelos del menemismo y el kirchnerismo son constrastantes en términos económicos, podemos decir que con la democracia se pudieron resolver las contradicciones y conflictos de la convertibilidad de una manera muy diferente a lo que se había hecho antes con otros momentos conflictivos de nuestra historia. Siguiendo la vía democrática podemos convertirnos en un país desarrollado. Con el kirchnerismo hubo un crecimiento con inclusión social que lamentablemente se paralizó desde 2012, aunque creo que se están tomando hoy algunas de las medidas necesarias para encarar mejor los problemas actuales. Necesitamos, eso sí, consenso, no para eliminar las diferencias sino para poder seguir avanzando en el marco democrático con un crecimiento con inclusión social.
-–Argentina no es un caso único en el contexto de América latina. Si uno compara a América latina con Asia, ve que hay países asiáticos que llegaron a ser desarrollados como Japón o Corea del Sur, algo que no se ha dado en América latina. ¿Por qué?
–Asia no tuvo nunca los recursos naturales de América latina. De manera que, si quieren crecer, no tienen más opciones que crear Toyota o Hyundai o hacer grandes avances en ese terreno para desarrollarse. Comparando con Australia pasa lo mismo. No hay grandes marcas industriales australianas que uno conozca. Hay sí grandes empresas mineras. La estructura de recursos y productiva que un país tiene va influyendo en el desarrollo. América latina tiene recursos naturales: agricultura, energía y metales. Eso ha marcado la dirección de su desarrollo. Se necesita un esfuerzo deliberado como sociedad para generar una visión estratégica que permita ir más allá de solamente producir productos primarios. Pero también es cierto que Japón y Corea tuvieron gran apoyo de Estados Unidos para su recuperación y despegue después de la Segunda Guerra Mundial en el marco de la Guerra Fría.

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LA DISTANCIA ENTRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO DEL NUEVO CODIGO PENAL Y LAS CRITICAS QUE RECIBE

Lo que dicen y lo que en verdad dice

El repaso punto por punto de los cambios que se proponen para el Código Penal deja al descubierto que las afirmaciones de Sergio Massa y aquellos que lo siguen en su rechazo a la reforma son tramposas, imprecisas en ciertos casos y falsas en otros.

Como parte de su campaña política focalizada en el miedo al delito, Sergio Massa armó un blog y difundió un decálogo de las supuestas verdades acerca del anteproyecto de reforma del Código Penal que es analizado por el Poder Ejecutivo. Massa utiliza eslóganes que están estructurados con afirmaciones tramposas, imprecisas en ciertos casos y falsas en otros, y que buscan dejar como mensaje que el paquete legal está pensado para favorecer a quienes cometen delitos. Se basan en una deducción rudimentaria según la cual con más castigos, con más venganza, habrá menos delincuencia. El contenido del texto que elaboró la comisión multipartidaria de juristas no tiene nada que ver con las verdades de Massa, según ayuda a desentrañar en esta nota el coordinador de ese equipo, Roberto Carlés. Punto por punto, los altos contrastes.

- “Se reducirán las penas de 20 de los delitos más graves del Código Penal, y muchos se transformarían en excarcelables.” Massa dixit
Es una afirmación engañosa, no están claros los 20 delitos ni el criterio de gravedad. La reducción o aumento de algunas penas en forma aislada no dice nada, el Código Penal es un sistema donde los delitos y su castigo se definen en relación con los demás. La comisión ha calibrado las penas teniendo en cuenta qué se lesiona en cada caso, estableciendo que la vida de las personas es lo que más valioso. El Código actual, fruto de las reformas Blumberg, genera situaciones disparatadas: encubrir el robo de una vaca tiene más pena que encubrir un homicidio. Massa, además, sigue hablando de delitos “excarcelables” a pesar de que el Código Penal no es el que define si alguien va a la cárcel, sino los códigos procesales de cada jurisdicción y los jueces. Alguien puede cometer un delito menor, pero igual ir preso por riesgo de fuga. Y suponiendo que se fugue para evitar un juicio, Massa no dice que el Código se vuelve más estricto: para esa persona no hay prescripción, cuando lo atrapen será juzgado.
- “Se eliminaría la reincidencia: robar una o cien veces sería lo mismo según el nuevo Código”, sostiene el líder del Frente Renovador.
No es cierto. Robar una o cien veces nunca es lo mismo porque el que roba cien veces tendrá cien penas que se acumulan. La reincidencia es otra cosa: un agravante que los jueces tienen en cuenta al momento de establecer la cuantía de la pena para quienes ya pasaron por la cárcel con condena firme. En la actualidad se usa, a la vez, para negarles la libertad condicional a los reincidentes. “Quizá se le niega la libertad condicional a una persona que cometió dos delitos leves, pero la consigue un homicida”, grafica Carlés. Hay jueces, como la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que han declarado inconstitucional la reincidencia: consideran que es juzgar dos veces por lo mismo. En la comisión reformadora, el tema generó disidencias. Federico Pinedo (PRO) planteó que había que mantenerla. Al final, se quitó pero se amplió el espectro de agravantes en el hecho, como la cantidad de personas intervinientes o la indefensión de la víctima. El registro de antecedentes sigue existiendo, no desaparece. Si alguien en los diez años previos ya tuvo una probation, no tendrá otra, irá a juicio. El juez hará una evaluación de cada caso antes de poner la pena.
- “Los delincuentes podrían cumplir condena en su casa en el 86 por ciento de los delitos según el nuevo Código”, afirma Massa.
El anteproyecto propone un sistema de penas alternativas (trabajos comunitarios, detención domiciliciaria, multa, entre otras) a la prisión en lugar de la libertad condicional. Es para que la pena se cumpla completa, con un control efectivo. Para las penas menores a tres años, siempre podrá haber una sustitutiva; para las que prevén de tres a diez años de prisión, se deberá cumplir la mitad en la cárcel; para las que tienen un máximo mayor a diez años, hay que cumplir dos tercios. Nadie que hoy no se beneficie con la libertad condicional se va a beneficiar con una pena alternativa. En la actualidad, quien recibió una pena de prisión perpetua puede salir a los 18 o 20 años. El que fuera condenado a la pena máxima prevista por el anteproyecto (30 años) va a tener que cumplir por lo menos 20. No es claro de dónde surge el 86 por ciento. Más allá de los montos los jueces evalúan cada caso. En los delitos graves (de lesa humanidad o contra la vida, o la integridad corporal o la integridad sexual), deberán requerir un informe a tres peritos (del tribunal, del Ministerio Público y universitario) antes de decidir una pena alternativa
- El blog antirreforma insiste: “De aprobarse el nuevo Código Penal, 17 mil delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle”.
Es una deducción arbitraria y no se entiende de dónde surge el número de 17 mil. Debería salir de conocer por qué delito está preso cada interno y hace cuánto. Suena bien difícil. La población penitenciara es de unas 60 mil personas, de las cuales el 70 por ciento no tiene condena. La libertad de los procesados depende del Código Procesal, no del Código Penal, y del riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación que evalúa el juez. Es cierto que los detenidos podrán pedir revisión si el código cambia las penas del delito que les adjudicaron.
- “El nuevo Código es un premio para los delincuentes: el 82 por ciento de los delitos sería excarcelable”, reitera.
Otra vez, no hay delitos excarcelables, sólo cuantías que permiten prever penas de cumplimiento efectivo. Tampoco Massa explica por qué sería bueno saturar las cárceles de gente ni cómo garantizar que se cumpla con el mandato constitucional de que sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”.
- Massa dixit: “Bajarían las penas de 146 delitos”.
No es cierto. Carlés señaló que el texto entregado a Cristina Kirchner reduce penas de 116 delitos, incluye 85 tipos penales nuevos, despenaliza 17 conductas, pero aumenta las penas de 159 delitos.
- “El nuevo Código es un premio para los narcotraficantes: el tráfico y la venta de drogas serían excarcelables”, decreta el ex intendente de Tigre.
En el anteproyecto, el contrabando de estupefacientes (narcotráfico) tiene la misma pena que ahora: tres a doce años de prisión. El tráfico de drogas (sembrar, producir, comerciar) prevé una baja en la pena máxima, de 15 años de prisión pasaría a diez, y la mínima, de cuatro a tres años de prisión. Ningún miembro de la comisión se opuso esto. El “tráfico” es amplio, abarca desde el “transa”, que vende pequeñas cantidades, hasta el que comercializa un gran cargamento. También se despenaliza la tenencia de droga para consumo personal, según la doctrina de la Corte Suprema.
- “El nuevo Código es un premio para los asesinos: se bajaría la pena para los homicidios agravados”, afirma Ma-ssa.
Es inexacto. Hoy un homicidio agravado tiene prisión perpetua, una pena que no existe en la realidad, considerada inconstitucional. Perpetua en la práctica son 18 a 20 años. Al establecerse una pena tope de 30 años, y la obligación de cumplir los dos tercios en prisión, nunca la pena a cumplir será menor a 20 años. Incluso puede ser mayor en casos de máxima gravedad.
- “Es un premio para los violadores: se bajaría la pena para la violación agravada”, según el diputado.
La pena de violación es igual a la del Código vigente: seis a 15 años. Y sube a 18 si la víctima es menor de trece años. Es cierto que baja para la violación agravada: de 20 años la máxima pasa a 18. La intención fue establecer una diferencia respecto del homicidio, que tiene una pena de 25 años. También se reconoce como tal la violación en el matrimonio.
- “El nuevo Código es un premio para los secuestradores: el secuestro seguido de muerte intencional ya no será penado con prisión o reclusión perpetua”, sentencia.
La prisión perpetua no existe en los hechos. La comisión puso la pena máxima en 30 años para adoptar los estándares del Estatuto de Roma, que lo establece para el genocidio. La ley antisecuestros establece que un secuestro se agrava por el resultado, como la muerte. Se propone volver a la modalidad donde las penas se acumulan: el secuestro, más el homicidio. El secuestro prevé de cuatro a 15 años de cárcel si es extorsivo, de seis a 20 si es agravado. Un secuestro seguido de muerte seguramente tendrá la pena máxima y un cumplimiento de 20 años.
- “Premia a los torturadores: también se bajaría la pena”, advierte Massa.
La tortura es imprescriptible de acuerdo con el derecho internacional. Ahora tiene la misma pena que el homicidio, de ocho a 25 años; seguida de muerte tiene perpetua. El anteproyecto baja el máximo a 20 años, que es el que se suele cumplir en efecto. Si es seguida de muerte, se acumula con homicidio. Un dato novedoso: se castiga en el código al funcionario que no actúa para evitar la tortura (tortura por omisión) con cinco a 15 años.
- “El nuevo Código es un premio para los abusadores de menores: se bajaría la pena para la figura de corrupción de menores”, alerta.
Massa mezcla dos delitos distintos: el abuso de menores es la intrusión en el ámbito de la integridad sexual de la víctima (siempre requiere que exista el contacto físico), en cambio, corrupción de menores son aquellos actos que por prematuros (a edad temprana), perversos o por su extensión pueden afectar el normal desarrollo de la psicosexualidad. Para el abuso de menores, la pena se eleva de 15 años a 18 años. La “corrupción de menores” es redefinida. Hasta ahora el código habla genéricamente sin decir qué es. El anteproyecto identifica conductas consideradas corruptoras continuadas en el tiempo: exhibiciones obscenas (uno a seis años) y pornografía infantil (tres a diez años de pena). En el grooming (acciones, por ejemplo vía Internet, para ganarse la confianza de un menor para abusar de él) eleva la pena de máxima de cuatro a cinco años de cárcel.
- “El nuevo Código es un premio para los delincuentes de guante blanco: se bajaría la pena para los que participen de una asociación ilícita”, afirma Massa.
Lo que Massa no dice es que para los delitos de corrupción se endurecen varias penas y se incluye la responsabilidad penal (hoy inexistente) de las personas jurídicas, como empresas, a menudo utilizadas para amparar a las personas físicas que delinquen. La violación de deberes de funcionario público eleva la pena mínima de un mes a seis y la máxima de dos a tres años; el nombramiento ilegal de una persona pasa de una multa de 750 a 12.500 pesos a 30 a 120 días de multa. El cohecho (coima) pasa de uno a seis años de prisión a un rango de dos a ocho años y multa (al margen del decomiso), el tráfico de influencias eleva la pena mínima de uno a dos años y la máxima de seis a ocho; el cohecho internacional pasa de la pena de uno a seis años a dos a ocho años y multa; en las dádivas se eleva el mínimo a seis meses. Se amplía el peculado (robarse dinero público a cargo) al uso de bienes propios de la función (como un auto), con penas de dos a diez años de cárcel. La asociación ilícita no siempre es para cometer delitos de guante blanco. Hoy tiene penas altas cualquiera sea el delito al que se dedique la banda. La comisión propuso diferenciar según la gravedad de los delitos que se cometen (de dos a seis años o de tres aa diez).
- Massa dice que “las entraderas y salideras con armas serán excarcelables”.
Las salideras y entraderas no se llaman así en el Código, son robos como cualquier otro, que puede ser a la salida o entrada del banco, del cine, de la casa. El robo con arma de fuego hoy prevé una pena mínima seis años y ocho meses y un máximo 20 años. Baja a tres años de piso y doce de techo. La reducción es para diferenciarlo de los delitos graves (la mínima del homicidio simple es de ocho años). Las excarcelaciones, ya se dijo, dependen de los códigos procesales. El bonaerense, por ejemplo, no permite excarcelar los delitos con penas máximas de ocho años.
- “El nuevo Código es un premio para los que se dedican a la trata de menores: la pena mínima baja de diez a cuatro años de prisión”, alarma Ma-ssa.
Es cierto que la pena mínima baja de diez a cuatro años, aunque se mantiene el máximo de 15. Carlés dice que se usó esa fórmula porque el abanico de conductas es grande: desde el que transporta a un menor para explotación laboral hasta el que promueve o facilita la entrada o salida del país para la extracción forzada de órganos o tejidos. El mínimo se eleva a ocho años cuando la víctima es menor de trece años. La responsabilidad de personas jurídicas es clave en los talleres clandestinos.
- “Robarle al campo también se castiga menos: la pena mínima para el abigeato baja a seis meses”, define Massa.
El robo de ganado prevé hoy de dos a seis años de prisión. Se baja la pena mínima a seis meses. Pero si es agravado eleva la máxima, que pasa de diez a doce años. Aun así, cualquier robo tiene una pena mínima de un mes de prisión hoy en día. No es claro por qué el abigeato tiene pena mayor. Seis meses es la pena mínima del anteproyecto, no existen penas inferiores.

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Por Mempo Giardinelli (sobre SR. COHEN )

No, la Argentina no llora por usted, Sr. Cohen

En The New York Times del jueves, una nota de opinión titulada “Llora por mí, Argentina” y firmada por Roger Cohen, a quien La Nación presenta como “veterano periodista”, plantea una vez más el viejo mito de la Argentina rica y próspera del pasado, en contraste con un supuesto presente abominable.

La circunstancia que hoy vive este país torna ineludible refutar los conceptos del Sr. Cohen, que sostiene lo mismo que muchos artículos de Mario Vargas Llosa y otros connotados columnistas de El País, The Washington Post, O Globo y otros medios. De ello se hacen eco los exagerados corresponsales de los grandes diarios porteños, que los reproducen y destacan en portadas y portales y los celebran como victorias parciales contra el kirchnerismo.
Para clarificar a colegas como el Sr. Cohen, en primer lugar hay que subrayar que eso de que la Argentina “era un país más próspero que Suecia y Francia hace un siglo” es mentira. En todo caso, éramos un país periférico, casi una colonia, con muchas riquezas naturales pero estructuralmente atrasadísimo y gobernado por dirigencias prebendarias, racistas, corrompidas y serviles.
Desde luego que se puede entender que al Sr. Cohen le disguste tanto el peronismo, pero lo que importa acá y ahora no es discutir el peronismo con él, sino señalar su incapacidad de despojarse de prejuicios que lo llevan a confundir la compleja realidad de una nación que hace 100 años no sólo no era mejor que ahora, sino que era infinitamente peor, porque era mucho más injusta, de conductas primitivas y sometida a una aristocracia ciega y mezquina y a la codicia externa que siempre despertó su elogiada riqueza.
No vale la pena responder sus clichés sobre estadísticas, tipo de cambio y participación en los mercados de capitales, que parecen tomados de los artículos que aquí firman economistas de oscuros pasados. Pero sí cabe aclararle que en la Argentina no tenemos ninguna “obsesión” por lo que él llama despreciativamente “pequeña guerra perdida” en Malvinas, y en cambio, sí tenemos memoria de un atropello histórico, así como mucho dolor por la estupidez criminal de un gobierno militar asesino al que el país del Sr. Cohen protegió y ayudó de manera inmoral.
Por cierto, a este respecto, bueno sería exhortar al Sr. Cohen a que se pronuncie acerca de la moralidad política de las grandes guerras victoriosas de las que participó su país en por lo menos los últimos 150 años, o sea todas las guerras del mundo y en las que murieron varios millones de seres humanos.
Hay que puntualizar, además, que la Argentina nunca fue más próspera que Suecia, Francia, Austria, Japón y otros países que pone como ejemplo, porque desde la Independencia éste fue un país acosado y expoliado, con enormes masas de analfabetos, sobrado de explotación humana, sin leyes sociales y sin viviendas ni salud pública ni escuelas suficientes, y encima dirigido por políticos fraudulentos que sólo sabían medrar con el sudor de criollos e inmigrantes.
Es cierto que “teníamos las tierras más fértiles del mundo en la pampa”, pero la concentración en pocas familias y los nulos impuestos a la tierra improductiva hacían de esa riqueza un espejismo para millones de ciudadanos y ciudadanas que carecían de casi todos los derechos.
Por eso, le guste o no al Sr. Cohen, ese “coronel llamado Juan Domingo Perón y su mujer Eva” fueron quienes empezaron a cambiar las cosas. Con estrategias populistas y demagógicas, si se quiere, y con exaltaciones y una desprolijidad general que hubiera sido mejor evitar. Pero abrieron la posibilidad de una vida digna a los que hasta entonces solamente padecían humillaciones.
El Sr. Cohen escribe: “Había tanto para saquear, tanta riqueza en granos y ganado, que instituciones sólidas y leyes –sin mencionar un sistema de impuestos que funcione– parecían una pérdida de tiempo”. Claro que no se pregunta quiénes fueron los saqueadores, los dueños de granos y ganado o los que impidieron durante décadas “un sistema de impuestos”. La respuesta, si se lo preguntara, es muy fácil: eran y siguen siendo más o menos los mismos que hace 100 o hace 30 años, los mismos que ahora que sí tenemos un sistema fiscal evaden a lo bestia.
No soy quien para defender al peronismo, pero debiera el Sr. Cohen saber que por una neutralidad que ni su país ni la Europa blanca le perdonaron jamás, se inventó el mito de un Perón nazi-fascista con una esposa puta y ambiciosa, y así enlodaron toda posibilidad de comprensión y análisis. Sólo ignorando eso puede escribir que los argentinos amamos esa “mezcla extraña de nacionalismo, romanticismo, fascismo, socialismo, pasado, futuro, militarismo, erotismo, fantasía, lloriqueo, irresponsabilidad y represión”.
La nota del Sr. Cohen sólo muestra que no sabe nada de este país. Puros lugares comunes, frases hechas y los mismos, viejos eslóganes de ciertas derechas latinoamericanas.
Finalmente, escribir que “Brasil está en proceso de ser la Argentina, la Argentina está en proceso de transformarse en Venezuela y Venezuela, en Zimbabwe”, como postula el Sr. Cohen, es un comentario racista, discriminatorio y ofensivo para la nación africana, Brasil y nosotros, pero sobre todo es una afirmación equivocada y no inocente. Quizá le duele el ALCA, todavía, o no soporta la Unasur ni la Celac, pero un buen periodista profesional no debería desconocer que todos los pueblos en desarrollo tienen conflictos severos y que los procesos nacionales son únicos e intransferibles.
Y es cierto que hoy tenemos inflación y no tenemos políticas anticorrupción. Y también que las clases medias están enervadas y quedan todavía por lo menos tres millones de marginados. Pero al menos los nuestros salen a la calle y protestan, y tienen escuelas y hospitales gratuitos en muchos casos insatisfactorios, pero no padecen como los 40 millones de pobres que hay en el país del Sr. Cohen y que no pueden ir a hospitales públicos gratuitos porque de hecho no existen.
Tengo algunas diferencias con el gobierno actual, pero es el gobierno que eligió el pueblo argentino y el día que se retire será solamente porque otro partido le ganó en elecciones libres. Mientras tanto, las personas que como el Sr. Cohen opinan sobre la Argentina con tanta presuntuosidad y desconocimiento resultan patéticos. Tanto como los que aquí, en la Argentina, celebran su patetismo.

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Por Mempo Giardinelli

La adolorida Venezuela y una tarea

Mientras aquí se discuten aumentos salariales y nadie sabe si empezarán las clases ahora en marzo, y la oposición política ya hizo pública la amenaza de abandonar el Congreso la próxima semana –cuando la Presidenta pronuncie su informe anual del Estado de la Nación–, la hermana República Bolivariana de Venezuela se debate en un infierno que nos mira a los ojos.

No es una versión más de lo que cierta estupidez de moda aquí llama “grieta”, partición sólo verdadera en las esferas del poder y que no existe en las ciudadanías que trabajan decentemente todos los días y sólo quieren vivir en paz.
Lo que acaso permita entender la crisis que ha provocado la oposición en Venezuela –donde las instituciones republicanas parecen ser más débiles que aquí y donde la violencia también anida en los sectores más sumergidos y en los más poderosos, aunque por muy diferentes causas y razones, si es que hay “razones” para la violencia– es que allí emergieron una vez más los mismos viejos impulsos golpistas que son negados a diario –allá como aquí–, pero que saben echar leña al fuego de sociedades que estuvieron por muchos años cautivas mediáticamente, con clases medias enervadas y una demagogia feroz, incluida la de los opositores que acusan de demagogos a los gobiernos.
Esa película acá se conoce muy bien, pero lo adicionalmente grave es que ahora algunos quieren mostrar la tragedia venezolana como el anticipo de lo que supuestamente “se viene acá”. Y entonces hay que señalar claramente cuál es la cuestión de fondo, que es válida para Venezuela pero también para la Argentina: son los cambios económico-sociales de los últimos años –casi todo lo que va del siglo XXI– lo que se ha vuelto intolerable para los poderosos. Por eso sus “argumentos” son de enorme peso: cinismo perfecto; aplanadora mediática; absoluta falta de escrúpulos; completo desinterés por el destino de las grandes mayorías y los desheredados de la vida.
Venezuela es clave hoy porque en el fondo, para esos poderes, es inaceptable el freno a ciertas voracidades tradicionales; a la continuidad del rechazo al ALCA en 2005; a la aparición de millones de marginados que antes solamente se morían, pero ahora tienen acceso a educación, salud, vivienda y algunas posibilidades, y demandan más.
El poder del poder puede ser bestial, y lo están mostrando con la desestabilización de Venezuela. Más allá de cualquier torpeza, corruptela o mala gestión del chavismo, lo que está en juego es la enorme riqueza de ese país entrañable y un modelo democrático que venció en 18 de 19 elecciones. Por eso ciertos desatinados hablan de “dictadura”. Y por eso cuando el presidente Obama pide “restaurar la paz” y habla de “caos inaceptable en Venezuela” es válido sospechar que quizá se podría estar gestando –Dios no lo quiera ni permita– la conversión de Caracas en una Bagdad americana.
Por eso en la Argentina hay que rechazar de raíz el repudiable exabrupto del señor Luis D’Elía pidiendo el fusilamiento del sedicioso venezolano Leopoldo López. Semejante barbaridad no es más que otra cara de la misma moneda.
Lo cierto es que para el poder verdadero –el que anhela volver a dictar rumbos a una América latina que hace una década se salió del libreto neocolonial– es insoportable la Celac. Por eso los “asesores” de Washington son casi todos latinos de ultraderecha, particularmente cubanos, venezolanos, chilenos y colombianos todo servicio, personas capaces de llenarse las bocas con palabras democráticas pero dispuestas a cualquier acción violenta con tal de detener y revertir los procesos independentistas que se han producido, aunque tibios y apenas incipientes, en lo que José Martí bien llamó “Nuestra América”.
Basta ver y escuchar al desaforado, enardecido y gritón Leopoldo López para entender el grado de odio, rencor y furia que se ha desatado sobre Venezuela. Tenemos versiones argentinas de lo mismo. Por eso algunos discursos de la Presidenta los irritan tanto. Y por eso Maduro llamó ante todo a controlar la violencia: “Las órdenes son muy claras: mantener la paz, construir la paz, amansar a estos locos fascistas con la ley”.
De ahí que el apoyo argentino al gobierno venezolano, que es absoluto, es coherente. Porque lo que pasa en Venezuela puede pasar aquí y dondequiera. Aquí también la verdad se reclama todo el tiempo, aunque en realidad para nada interesa a los que tienen el poder, el verdadero poder, en sus manos. Aquí también critican la corrupción sin presentar pruebas y dejando pasar los miles de pequeños casos en que ellos mismos están o estuvieron involucrados. Como cuando en todos los ’90 y hasta 2003 en este país hacían silencio cómplice mientras sus economistas y lobbistas robaban a cuatro manos el patrimonio de los argentinos.
Lo más grave, sin embargo, lo alarmante es que ahora están mostrando ser capaces de una violencia que no necesitaron entonces. Y para ello cuentan con la necia complacencia de los que siguen y seguirán negando todo golpismo. Por eso al menos esta columna seguirá afirmando que el golpe está suspendido en el aire y sólo con buena gestión, más democracia y más paz se podrá neutralizarlo. Esa es la tarea cotidiana.

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Temas de debate Los efectos de una histórica estructura productiva desequilibrada

El huevo de la serpiente

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

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Las señales del mercado

Por Norberto E. Crovetto *

La formación de la economía argentina desde nuestra independencia se hizo al calor del mercado global armado por Inglaterra. Esa primera globalización nos ubica, por la extraordinaria productividad del campo, como proveedores de carne y granos. La provisión de materias primas y alimentos baratos es crucial para el desarrollo industrial de los países centrales. Producimos más barato las carnes y los granos que en los países centrales, luego resulta más barato intercambiarlas por manufacturas importadas que producirlas internamente. Se impone políticamente una organización económica cuyas señales ordenan la economía en base a los principios de las ventajas comparativas, siendo nuestro rol el ser “granero del mundo”. Las señales de mercado son instituidas orientando la actividad económica en cumplimiento de la división internacional del trabajo.

Desafortunadamente, la economía no suele mantener en el tiempo su equilibrio y las señales del mercado pierden fuerza en su carácter primordial de orientación y coordinación; producto de las crisis y guerras mundiales el país se industrializa. Una vez resueltos los desequilibrios y reencauzada la actividad económica mundial y bajo un nuevo dominio político (el ascenso de EE.UU. en lugar de la Gran Bretaña), se reordenan los mercados y sus señales. Nuevamente se impone el rol de ser el “granero del mundo”, pero ahora en conflicto con el proceso de industrialización, generándose una economía que Diamand ha denominado Estructura Productiva Desequilibrada (EPD), por la cual coexisten productividades relativas entre los sectores industrial y primario diferentes de las internacionales. La mejor productividad del campo que la internacional resulta en un producto industrial relativamente más caro que el de nivel internacional. O de otra manera, gracias a un costo menor en los países centrales del producto industrial dado por la importación de alimentos, aquél resulta relativamente más barato que el producido en nuestras tierras.

Estas han sido, en apretada síntesis, las causas de los ciclos y estancamiento de la economía argentina. Las recurrentes crisis del sector externo (devaluaciones y fuga de capitales) son su manifestación más visible, que, como el iceberg, tiene una cara oculta en la construcción histórica de un tipo de estructura productiva particular (EPD), y que se comparte con los países de herencia colonial con pocas excepciones. Gran parte del endeudamiento externo, hoy sustancialmente resuelto, tuvo su origen en ese mecanismo. En el contexto actual, volver a endeudarse con libertad absoluta del egreso de divisas es aumentar los niveles de “fuga de capitales”.

Se pueden aplicar políticas desde la demanda, pero ellas encuentran un límite en la creciente importación sin su correlato en las exportaciones industriales. La mejora en la distribución del ingreso con señales de mercado “viejas” conduce al callejón de la crisis del sector externo. El problema central de la restricción externa se dramatiza en la inflación y puja distributiva; tampoco se resuelve sin conducir las señales de mercado en la dirección deseada. La construcción del mercado tuvo que ser planificada (Polanyi).

Si se observa la evolución histórica de muchos de los países industrializados, de los viejos (Alemania, Italia) y de los nuevos (los asiáticos) se rescata el hecho de que todos han provocado cambios modificando desde la política los mercados y sus señales, de modo que se orienten y coordinen en la dirección de resolver y remover los obstáculos para el desarrollo.

¿Cuáles son las condiciones para modificar las señales de mercado a favor de un crecimiento industrial e inclusivo? En primer lugar la fortaleza macroeconómica, cuya piedra angular es el equilibrio a largo plazo de la balanza comercial. Por lo tanto, los ingresos de divisas por bienes y servicios reales y los egresos por importaciones y servicios reales y financieros deben tener un tratamiento en lo más alto de la política económica, tanto desde el punto de vista de la multiplicidad del tipo de cambio como de los acuerdos sectoriales, de modo que la tendencia natural a importar se equilibre con exportaciones industriales crecientes. No se trata en este caso de compensar con exportaciones “agropecuarias”, pues en ese caso “no aumenta” sino que sustituye un exportador por otro. También la política fiscal debería tener como uno de sus principales objetivos —aunque no el único— el apoyo al equilibrio del sector externo, en la inversión pública, en los subsidios a los procesos industriales y el desarrollo tecnológico. En la política industrial, el desafío mayor, dada la fragmentación productiva global, pasa por sustituir exportando. Este crecimiento tiene que ser inclusivo. Es la condición para alcanzar una capacidad de decisión política propia. Difícilmente se alcance tal poder con un pueblo empobrecido: la miseria no suele ser buena consejera para la salud económica y social de los países.

* Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

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Más intervención estatal

Por Martín Harracá y Pablo Wahren *

Los últimos acontecimientos en materia económica han puesto en el tapete una discusión muy necesaria: el rol de los principales grupos económicos en la vida política y económica del país. El Gobierno denunció en diversas ocasiones a aquellos sectores que mediante su comportamiento han fomentado, en el frente externo, la caída de reservas y en el interno, una aceleración de la inflación. Sin embargo, las políticas actuales suponen concesiones a los principales sectores de poder económico.

Los exportadores de granos se han negado a liquidar su cosecha, motivando la caída de reservas, pero también es cierto que el Gobierno convalidó la devaluación. De esta manera, quien acaparó ganó, al poder vender en la actualidad la cosecha a 8 pesos por dólar. Mientras los exportadores amasan mayores fortunas, la devaluación se traslada a precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios, ya sea por mayores costos importados o por la acción especulativa de empresarios con poder de mercado que han aprovechado para subir sus precios a pesar de que sus insumos sean locales. Otro tanto ocurre con los bancos que han contribuido a la incertidumbre cambiaria mediante su accionar en el mercado paralelo y hoy se les ofrece la oportunidad de seguir aumentando sus ganancias a través de la política de incrementos en la tasa de interés.

Así, medidas compensatorias como el plan Progresar, con lo necesarias y progresivas que puedan llegar a ser, quedan opacadas frente a las consecuencias distributivas de la devaluación, y tampoco aportan a evitar las causas que las hicieron necesarias. Si hacemos un ejercicio muy simple, y suponemos que se va a exportar en dólares exactamente lo mismo que en 2013, sólo la devaluación del mes de enero ya implica una transferencia a los exportadores de más de 100.000 millones de pesos. La cifra es equivalente al monto destinado a subsidios en 2013 y supera ampliamente los fondos destinados al plan Progresar.

Creemos que debe adoptarse otra estrategia, que parte de la premisa básica de que no es posible combatir la especulación y el acaparamiento de productos mediante acuerdos e incentivos a los mismos sectores que la generan. La primera propuesta que señalamos se relaciona con el comercio exterior. Sólo 20 empresas controlan casi el 50 por ciento de las exportaciones totales argentinas. Eso implica un virtual monopolio privado de la principal fuente de divisas de la Argentina, resulta urgente la conformación de un Ente Regulador del Comercio Exterior, acompañado por la puesta a disposición del Estado de los principales puertos y terminales que desde los ‘90 están en manos privadas. Operando como único exportador de todos los productos agrícolas, hidrocarburíferos y minerales del país, y con capacidad de intervención sobre otros rubros de exportación e importación, esta herramienta pondría en manos del Estado valiosísimos instrumentos de política económica que permitirían: 1) desacoplar precios internos de los internacionales; 2) incentivar producciones de mayor valor agregado o estratégicas mediante subsidios cruzados; 3) quitar presión a pequeños productores regionales que hoy se ven afectados por mono u oligopsonios; 4) evitar fraudes, triangulaciones, acopios y distintas maniobras ilegales frecuentemente detectadas en las grandes exportadoras y 5) disponer de una importante masa de renta en pesos apropiada por las exportadoras que hoy genera presión al dólar, para orientarla hacia política fiscales expansivas y de inversión en sectores claves.

Bajo una lógica similar, el otro frente que se debe abordar es el del comercio interior, apuntando a combatir la inflación y las estructuras concentradas en ciertas ramas estratégicas de la economía. Una alternativa es la creación de una empresa estatal con amplia inserción geográfica, orientada a la distribución de productos de consumo popular. Esa iniciativa generaría miles de puestos de trabajo genuinos. Esto permitiría poner un coto a las ganancias extraordinarias de las grandes cadenas de supermercados, estableciendo precios de referencia para bienes de la canasta básica. El otro aspecto neurálgico para controlar la inflación es la auditoría de costos y ganancias de aquellas ramas productoras de insumos difundidos, que también están fuertemente concentrados (lo que en cierta medida facilita la tarea fiscalizadora). Un hito en este campo podría ser la recuperación de la ex Somisa, empresa fundada por el Estado y adquirida por el grupo Techint mediante una estafa prolongada en el tiempo. Es posible comenzar a disputar la preponderancia de ciertos sectores económicos de poder, pero para ello debemos preguntarnos qué actores necesitamos, construyendo qué política económica y qué Estado.

* Docentes UBA.

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Vida con sentido: Padre Mario Leonfanti sdb