Por José Ramos Horta *
La presidenta de los argentinos hizo un llamado a la responsabilidad institucional y la negociación para terminar con 180 años de ocupación de las islas Malvinas por parte del Reino Unido, y yo, en mi carácter de presidente de la República Democrática de Timor-Leste –primer país descolonizado del siglo XXI–, estudioso de los procesos de descolonización, y Premio Nobel de la Paz de 1996, justamente por la búsqueda de una solución pacífica a la ocupación indonesia de mi tierra, no puedo menos que apoyar su reclamo y el de los millones de argentinos.
Esta solidaridad tiene sus raíces en el derecho internacional, en la racionalidad política moderna y en la lógica que emerge de la necesidad de la construcción de un nuevo orden político internacional más justo, no basado en el poderío militar y económico, sino en la justicia, la solidaridad y la equidad.
El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos es reconocido universalmente, pero sin que viole o contradiga el principio de integridad territorial de los países y las naciones.
El pretender que las Malvinas deban ser consideradas parte del Reino Unido por estar habitadas por ingleses –que hasta antes de 1982 ni siquiera tenían derechos ciudadanos plenos, asimilables a los de un habitante de Londres– tiene la misma consistencia legal y lógica que pretender que los habitantes del Barrio Chino de Belgrano, en Buenos Aires, quieran responder políticamente a Beijing o a Taiwan y no a la República Argentina. El derecho a la autodeterminación de los pueblos no fue inventado para grupos étnicos residiendo en un territorio determinado. Los malvinenses pueden seguir siendo ciudadanos ingleses, así como los del Barrio Chino de Buenos Aires seguir siendo chinos, ser respetados en sus culturas y valores, pero residen en un territorio soberano de la República Argentina. Inclusive se puede pensar en un estatuto especial, consensuado, pero que contemple, por sobre todo, la integridad territorial de la Argentina. La España moderna, democrática y del consenso consiguió estatutos autonómicos imaginativos e interesantes para vascos o catalanes, y mantuvo su unidad territorial y nacional.
Una vez más Argentina apela, como lo vino haciendo hace años, a las instituciones de las Naciones Unidas: el Consejo de Seguridad, el Comité de Descolonización e inclusive la Asamblea, donde están representados los Estados soberanos. La guerra de 1982 fue un acto de una dictadura sangrienta que usurpó la democracia y sojuzgó al pueblo por la fuerza. No puede ser tomada como jurisprudencia para negar la apertura de las negociaciones.
El Reino Unido es miembro permanente y con derecho a veto del Consejo de Seguridad y debería dar el ejemplo de cómo resolver conflictos de manera pacífica. Ya lo hizo en la negociación con China por la devolución de Macao y Hong Kong. ¿Por qué no intenta con Argentina una solución negociada como aquélla? ¿Será porque Argentina no tiene el poder militar de China? ¿Será porque Argentina muestra vocación pacífica? ¿O será por el potencial de recursos naturales que tiene la región? Inclusive si así fuera, siempre existe la posibilidad de una solución creativa para el manejo y administración responsable y sustentable de estos recursos.
Desde el punto de vista de los principios, resulta insustentable que antiguas potencias coloniales mantengan territorios en otros países, como es el caso de Gibraltar, Guantánamo o las Malvinas. En el siglo XXI, cuando la totalidad de los países integrantes de las Naciones Unidas sin excepciones nos comprometimos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde en el Objetivo número 8 se habla de “Promover una asociación internacional para el desarrollo”, es inadmisible que un país europeo, o de donde fuere, conserve colonias a decenas de miles de kilómetros de distancia, y, en especial, cuando esta presencia se apoya en poderío militar.
* Presidente de la República Democrática de Timor-Leste - Premio Nobel de la Paz 1996.
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