Enel, el grupo energético italiano

Radiografía del dueño de Edesur

El accionista controlante de Enel es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. En la Argentina, además de Edesur, participa de forma directa e indirecta en unas 19 compañías del sector energético nacional.

Por Federico Bernal

El Ente Nazionale per l’energía Elettrica (Enel) es la compañía energética más poderosa de Italia y una de las más importantes gasíferas y eléctricas de Europa. Emplea a cerca de 73 mil personas. Sus operaciones se extienden por América, Europa, Africa y Asia, alcanzando los 61 millones de clientes. Enel nació en 1962 como una empresa íntegramente estatal.

En 1992, el mismo año de la privatización de Segba, la estatal italiana comenzaba un proceso de privatización parcial. Sin embargo, y casi dos décadas después, el Estado italiano no ha perdido el control de la compañía. Su accionista controlante es el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, con un 31,24 por ciento del capital social.
El Grupo Enel es la controlante de Edesur a través de Endesa, con el 72 por ciento del paquete accionario de la distribuidora eléctrica. El restante porcentaje está prácticamente todo en manos de Sadesa (Miguens Bemberg, Caputo, Escasany). Además de Edesur, Enel participa de forma directa e indirecta en unas 19 compañías del sector energético nacional.
El último balance de Enel (2012) arrojó ingresos por 84.889 millones de euros (6,8 por ciento superior a 2011) y una utilidad neta de 7735 millones. Su deuda financiera neta era de 42.948 millones de euros (9435 millones de corto plazo) a diciembre de 2012. Enel opera en Rumania, Eslovaquia, Rusia, Grecia, Serbia, Croacia, Bélgica, Francia, España y Portugal; en Africa, en Argelia; en América del Norte, en Canadá y EE.UU.; mientras que en América latina lo hace en generación, distribución y transporte gasífero y eléctrico en casi todos los países de la región. Sus dos pilares son Italia y la División Iberia y América Latina. En el primer caso, aporta el 22 por ciento del total de la energía consumida en el país, siendo la empresa líder en electricidad vendida y distribuida. En la página 13 del informe, se lee: “...la calidad del servicio medido en las interrupciones por cliente promedio pasaron de 3,8 en 2011 a 3,7 en 2012. Las duraciones promedio de los cortes por cliente pasaron de 44 minutos en 2011 a 46. Este aumento fue en parte atribuido a los extraordinarios eventos climáticos registrados en febrero de 2012”.

En la Argentina

En 2012, la generación de electricidad para la División Iberia y América Latina alcanzó los 141.434 millones de kWh. En la Argentina, el Grupo Enel generó 15.222 kWh (tercera después de la Península Ibérica y Chile), registrando una caída de 4,6 por ciento respecto de 2011. En cuanto a la potencia instalada de Enel en nuestro país, se ha mantenido invariable desde 2011, con 4403 mW. Estos datos resultan sumamente contraproducentes cuando, según consta en el mismo informe, las ventas de electricidad que el grupo registró en el país se incrementaron 3,3 por ciento entre 2011 y 2012. Incluso ratifica el incremento del 3,7 por ciento en la demanda eléctrica total argentina entre (2011 y 2012), mayor que Brasil. Finalmente, el Grupo Enel participa en el sector energético nacional de forma directa e indirecta en 19 compañías (entre holding company, distribución, transmisión, transporte, generación, comercialización de electricidad y gas natural).
¿Quién controla al Grupo Enel y quién regula al sector eléctrico en Italia?
En el responde: “La compañía está bajo el control de facto del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual tiene suficientes votos como para ejercitar una influencia dominante en las reuniones de accionistas”. En la página 240 de su reporte anual, se lee además que “ningún accionista puede tener una participación superior al 2 por ciento en el capital de la compañía, con la excepción del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Italia (la cual posee el 31,24 por ciento de las acciones) y el fondo Black Rock Inc. (que detenta el 3,33 por ciento)”. En la página 241, menciona que el gobierno italiano ejerce a través del referido ministerio “poderes especiales”. Algunos de éstos son los siguientes: “Con la finalidad de implementar las regulaciones a las privatizaciones, la normativa corporativa asigna al gobierno italiano (representado por el Ministerio de Economía y Finanzas) algunos poderes especiales, los cuales son ejercitables más allá del número de acciones en manos del antedicho ministerio, (...): a) oposición a la adquisición de un número significativo de acciones (es decir, un 3 por ciento o superior del capital accionario de Enel) por parte de quienes estén limitados en la cantidad de acciones a ser controladas (...); b) oposición a acuerdos entre accionistas (...) cuando esté involucrado un 5 por ciento o superior del capital accionario de Enel; c) veto a la adopción de resoluciones que puedan impactar fuertemente en la compañía (transferencia, fusión, división de la compañía), (...); y d) designación del director sin poder de voto”.
Los precios de la electricidad así como el sector eléctrico es definido por el Estado a través de la Autoridad para la Regulación del Gas y la Electricidad, “actualizados cuatrimestralmente según criterios designados para asegurar que los costos operativos sean cubiertos” (página 76). Asimismo y mediante un decreto-ley, se han definido nuevas reglas en materia de control gubernamental sobre compañías que operan en los sectores de defensa y seguridad nacional así como en aquellas desempeñadas en áreas de energía, transporte y comunicaciones. Por ejemplo, se incluyó el concepto de “interés público”, envistiendo al presidente del Consejo de Ministros (y al Ministerio de Economía y Finanzas toda vez que figure como accionista de compañías afectadas) con el poder de: a) “veto, cuando las resoluciones, actos o transacciones representen una amenaza real de serias consecuencias para el interés público (...)”; b) “condicionar las operaciones e imponer condiciones en función de la protección del interés público, pudiendo oponerse a compra directa de acciones” (página 242).

Conclusiones

En función de lo expuesto, resulta más que sorprendente escuchar al neoliberalismo doméstico quejarse de la supuesta insolvencia del Estado argentino a la hora de hacer frente a las inversiones que el sector energético nacional precisa para, argumentan ellos, salir de la “crisis energética”. Sin embargo, nada dicen de la elevadísima deuda financiera de la controlante de Edesur. Sorprende la defensa de una política energética mercadista (el mercado como actor protagónico de la energía y la electricidad; el Estado simple regulador) y el rechazo a una hipotética reestatización de la distribución eléctrica a nivel nacional, siendo que la controlante de Edesur es nada más ni nada menos que el Estado italiano a través de su Ministerio de Economía y Finanzas.
El sector energético italiano (eléctrico como hidrocarburífero) está fuertemente regulado y controlado por su respectivo Estado, tanto en calidad de empresario como de autoridad regulatoria y fijadora de tarifas (vía control de costos y utilidades). Resulta lógico que representantes del neoliberalismo quieran que Edesur siga en manos del Estado italiano (y de los Miguens Bemberg, Caputo, Escasany a través de Sadesa). Así va bien, obviamente, para intereses que no son los de la mayoría de la población y mientras la “caja” no sea apropiada por el Estado argentino. Es que según se desprende del informe de Enel, de los ingresos totales que la compañía italiana registró en 2012, 1505 millones de euros se distribuyeron entre accionistas, 4215 millones fueron a parar al Ministerio de Economía y Finanzas, 2970 millones para acreedores, 4860 para empleados y 9986 para empresas.
¿Cuánto fue a parar de la “caja” Enel a Edesur y a los millones de ciudadanos del AMBA? Lamentablemente, nada se dice en el informe examinado de los cortes de luz padecidos por los clientes argentinos de Edesur durante 2012. En el de 2013 tampoco se dirá nada de los cortes del pasado diciembre. Italia está muy lejos y sus intereses también. Quien se encargue de distribuir y comercializar electricidad en la Argentina no puede tener más compromiso que con la calidad de vida de la población atendida con su servicio. Nada especial. Los italianos lo hacen.

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Por WALTER GOOBAR

Una empresa española dispuesta a quemar las naves en el canal de Panamá

Basta revisar los balances de Endesa, la controladora de Edesur que obtuvo el 80% de las ganancias que distribuyó entre sus accionistas españoles en América Latina.

Lo mismo pasaba con Repsol, Aerolíneas Argentinas y las decenas de empresas que el tardío capitalismo español, salvo honrosas excepciones, ha ido fundiendo a lo largo del continente. Ahora, como si fuera un cuento de gallegos, la constructora Sacyr no tuvo mejor idea que amenazar con paralizar las obras del ensanche del Canal de Panamá si no se le reconocen mayores costos, del orden del 100%, cuando existen evidencias que cotizó la obra muy por debajo del precio razonable para desplazar a sus competidores. Pareciera que no se trata de un modo de hacer negocios, sino más bien de un modus operandi copiado por el grueso de las empresas que operan en la región.

Sacyr es una empresa acostumbrada a navegar en aguas turbulentas y putrefactas: la constructora apareció implicada en los pagos en negro al Partido Popular, según reflejan los papeles del ex tesorero Luis Barcenas. Su ex presidente, Luis del Rivero, está imputado en uno de los sumarios del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la doble contabilidad del PP.

El veterano periodista José Oneto señala que la oferta española, la más baja de todas las presentadas ante la ACP (Autoridad del Canal de Panamá) hace cuatro años, era imposible que se cumpliese. En este caso, como suele actuar en España, Sacyr pujó a la baja, convencida de que, al final, se aceptaría el sobreprecio que exige ahora.

La ampliación del Canal de Panamá es, junto con las obras que se hicieron en China para la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la mayor obra civil que se ha llevado a cabo en los últimos años del siglo pasado. Fue una temeridad conceder esa obra a una empresa quebrada que basa su poderío en los aportes a las cajas negras del partido de Mariano Rajoy. En el diario Público.es, Vicente Clavero señala que el tema de los mayores costos se presta a abusos.

Según un estudio dirigido en 2004 por el danés Bent Flyvbjerg, sólo en el ámbito del transporte, los mayores costos afectan a nueve de cada diez proyectos y son independientes del nivel de desarrollo de los países donde se producen. En ferrocarriles, la desviación media respecto de los presupuestos es del 45%; en la construcción de puentes, del 34%, y en la de carreteras, del 20 por ciento.

Los datos correspondientes a España no difieren demasiado, si nos atenemos al informe publicado en 2003 por un grupo de profesores del área de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu i Fabra. Ocho de cada diez obras licitadas por las administraciones públicas acarrean mayores costos, a pesar de que la ley vigente establece que debe ser un recurso excepcional.

Los españoles son verdaderos expertos en mayores costos: el soterramiento de la M-30 –la faraónica obra del alcalde Ruíz-Gallardón– fue presupuestada inicialmente en 1700 millones de euros, que se convirtieron en 4250 millones después de sucesivas revisiones. En el caso del tren de alta velocidad que une Madrid y Barcelona, el encarecimiento ha sido del 31 por ciento.

La diferencia con lo ocurrido en el canal es que -al menos de momento- el Gobierno panameño no parece dispuesto a asumir los mayores costos que el consorcio ha declarado y que ascienden a 1625 millones de dólares. Para vencer esa negativa, el pool de empresas liderado por Sacyr ha amenazado incluso con paralizar las obras, lo que sin duda sería un gran escándalo internacional, al tratarse del mayor reto de la historia de la ingeniería civil.

El problema de fondo es que hay serias sospechas de que el consorcio pujó a la baja para hacerse con el proyecto y que los panameños, temerariamente, se lo concedieron porque ofertaba el mejor precio (3118 millones de dólares). Las otras dos propuestas en pugna –una capitaneada por la también española Acciona y la otra por el gigante estadounidense Bechtel– eran como mínimo mil millones de dólares más caras.

Probablemente Sacyr, que necesitaba participar en la ampliación del canal para atenuar la caída de su actividad constructora en España, decidió quemar todas las naves en su empeño, quién sabe si con la secreta esperanza de resarcirse después a través de los mayores costos. Un procedimiento que se ha hecho costumbre y que el poder político no ha sabido o no ha querido atajar, puede que a cambio de oscuras compensaciones.

Como si hubiese descubierto América por segunda vez, el gerente del consorcio Sacyr recalca que los costos adicionales debe asumirlos la Autoridad del Canal de Panamá. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) asegura que las autoridades panameñas se han negado a sentarse a negociar y apunta al basalto encontrado en los suelos y al concreto como otras causas del sobrecosto.

Sacyr dice que sus demandas sobre el Canal de Panamá no son "ningún cuentito", mientras que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, viajaría a España para exigir a Rajoy que Sacyr cumpla su contrato.

El GUPC atribuye los mayores costos de 1600 millones de dólares (1177 millones de euros) a problemas geológicos no detectados, según ha manifestado este sábado el gerente del consorcio, José Peláez.

En declaraciones a la prensa, Peláez ha precisado que los problemas geológicos fueron detectados a lo largo de al menos 2,5 kilómetros de extensión en la zona del Océano Pacífico y ha asegurado que la Autoridad del Canal de Panamá no las localizó antes de convocar la licitación para la ampliación del enclave.

"Esta condición geológica, no previstas por el GUPC y la ACP, ha alterado las condiciones técnicas originales bajo las cuales el GUPC licitó y es por ello que el sobrecosto debe ser asumido por la entidad licitante", ha declarado Peláez, gerente del proyecto de construcción de las esclusas en el Atlántico. El representante del GUPC –también integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa– ha adelantado que el cumplimiento del contrato no sólo implica que el costo de la ejecución de las obras pueda duplicarse o triplicarse, sino que no hay garantías técnicas sobre el diseño de cara al futuro.

El coordinador de la Junta Directiva del GUPC, Paolo Möder, ha señalado este sábado que la ACP se ha negado a sentarse en la mesa de negociaciones a fin de evitar la suspensión de las obras del proyecto de ampliación en el estrecho panameño. En una rueda de prensa, Möder ha enfatizado que ha sido la ACP la que se ha negado a buscar una solución y ha puntualizado que el consorcio está capacitado en este momento para finalizar la ampliación del Canal de Panamá debido a que cuenta con el personal requerido para ello, según ha informado el diario panameño La Prensa.

Ante la expiración del plazo dado por el GUPC de 21 días el pasado 1º de enero, el coordinador de su Junta Directiva ha aseverado que el consorcio va a luchar por sus derechos en los países que sea necesario y hasta las últimas instancias, tribunales internacionales inclusive, de acuerdo con el periódico Panamá América.

Las autoridades panameñas y el GUPC iniciaron negociaciones el pasado viernes para tratar de desencallar la puesta en marcha de la ampliación de una de las principales vías marítimas del mundo, por donde circula el 5% del comercio mundial.

El GUPC ha amenazado con suspender las obras debido a los costos adicionales que implica el proyecto y lanzó un ultimátum a la ACP el 1º de enero para que, en un plazo de 21 días, cumpla con los requisitos establecidos por el consorcio. Por su parte, la ACP ha sostenido en un comunicado emitido este sábado que el GUPC tuvo 14 meses para estudiar con detenimiento todas las aristas de la obra antes de presentar su propuesta. En este punto, Möder ha precisado que el sobrecosto de la obra se debe, además de a los problemas geológicos, al basalto, al concreto y a que la calidad de las piedras que se están extrayendo no es la mejor para las operaciones de relleno de la obra.

El consorcio obtuvo la adjudicación del proyecto en julio de 2009 con un costo de 3120 millones de dólares (casi 2296 millones de euros), una cifra que era considerablemente inferior al precio estipulado por los otros dos competidores en la puja. La ampliación de el Canal de Panamá se ha completado al 72% y el avance de la construcción de las nuevas esclusas, de la que se encarga el GUPC, se sitúa en torno al 65%, según las estimaciones de la ACP.

TIEMPO ARGENTINO

Categoría: Electromagnetismo (sobre EDESUR)

Los propietarios de Edesur y el (doble) Standard ambiental

La empresa multinacional de distribución eléctrica Edesur tiene tres propietarios: la mayoría de las acciones pertenecen a la firma Distrilec, que posee el 56,35 por ciento de la compañía; Enersis con el 43,1 y los mismos trabajadores de la distribuidora, con un exiguo 0,55 por ciento de las acciones.

Sin embargo, detrás de las dos empresas mencionadas existen otras con nombres engañadores sobre los países de origen y algunas sorpresas… Según se desprende de un seguimiento realizado en la web, Distrilec es propiedad de Enersis, que posee el 51,5 por ciento, y Petrobras Energía S.A., con el 48,5 por ciento de las acciones. Aquí es donde comienza el intríngulis, ya que Petrobras Energía no tiene nada que ver con Petrobras, la empresa de participación estatal brasilera que administra el petróleo, sino que es de la ex Pecom Energía, o sea de Pérez Compan, la multinacional de origen argentino.

Por si fuera poco, Enersis pertenece a un holding chileno, pero que en realidad su propietario es Endesa España. Y para colmo de males el accionista mayoritario de Endesa España  no son compañías españolas, sino italianas…

Enersis (la empresa que tiene un 43,1 por ciento de Edesur) es propiedad en un 60 por ciento de Endesa España. Y quien tiene el 92 por ciento de Endesa España no son ni el Estado español ni empresas españolas, sino el Estado italiano.

Efectivamente, el Ente Nacional de Energía Eléctrica (Enel), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia y una de las empresas del rubro más grandes del mundo, es la que posee el 92 por ciento de Endesa España.

La participación accionaria en Enel es un 21,4 por ciento de las acciones en manos del Estado en forma directa, un 10 por ciento en forma indirecta y el 68,4 restante en manos de trabajadores y particulares italianos, que entre todos suman unos 2,3 millones de accionistas.

Mientras la empresa estatal eléctrica italiana, Enel, como accionista mayoritaria de Edesur, impone los ritmos de inversión y de trabajo de la empresa en Argentina, en Italia se manejan distintos standares de exposición a campos magnéticos (cuya unidad de medida es la micro teslas) que los permitidos en Argentina.

Mientras en ciudades italianas como Veneto, Verona y Toscana se permite 0,2 microteslas de intensidad de campo electromagnético, en Argentina se autoriza 25 microteslas, gracias a la resolución N° 77, emitida por el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, en 1998.

Dicha resolución, parida durante el menemismo, no tuvo en cuenta los standares sanitarios para proteger a la población de los efectos del electromagnetismo.

Dicha resolución no contempló los estudios y relevamientos sobre electropolución y salud que señalaban que de 0,3 microteslas de intensidad de campo magnético para arriba provoca un sinnúmero de enfermedades.

El biólogo Raúl Montenegro, un científico que investiga la relación campos electromagnéticos y salud en el mundo, contó las conclusiones de sus estudios: “La exposición permanente a campos magnéticos mayores a 0,3 microteslas está asociada a leucemia infantil”.

El actual estándar de campo magnético permitido en Argentina es casi 84 veces más alto que el estándar precautorio de 0,3 microteslas, utilizado en el mundo desarrollado, para prevenir el riesgo sanitario a contraer enfermedades. La elección del límite a los campos magnéticos es una elección entre la vida y la muerte… las autoridades argentinas, permitiendo 25 microteslas, ya eligieron. ¿No es hora de una actualización de la legislación argentina sobre campos magnéticos? ¿No es hora de que en nuestro país exista una norma sanitaria que cuide la salud de sus pobladores?

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