Alberto Lettieri. Historiador
Desde hace unos días se ha instalado el debate público sobre el significado de la marcha opositora del jueves 12 de septiembre y la evaluación de sus potencialidades. Caracterizada por la intolerancia, la ignorancia enfundada tras la soberbia y la inorganicidad de los reclamos, la movilización parece haber expresado, ante todo, el odio social característico de los sectores medios y altos –el tradicional “medio pelo argentino” de Jauretche–, que históricamente se han sentido amenazados por las políticas inclusivas del peronismo. Como siempre, su respuesta ha sido primitiva y básica: descalificación de los pobres, grosera agresión verbal hacia los gobernantes y reclamo de acciones golpistas que deberían garantizar, paradójicamente, una plena vigencia de la libertad y de la democracia.
Las declaraciones de los “indignados” de la semana anterior, reclamando que Néstor se lleve a Cristina, definiéndose como golpistas a favor de la democracia, alzando pancartas con simbología nazi o reclamando dólares baratos para turismo, mantienen una coherencia total con los graffiti de “viva el cáncer” que epilogaron la muerte de Evita, la caracterización de las migraciones internas de los años ’30 como “aluvión zoológico” o bien la vulgarización del término “cabecita negra” para definir al sujeto social del peronismo.
Las declaraciones de los “indignados” de la semana anterior, reclamando que Néstor se lleve a Cristina, definiéndose como golpistas a favor de la democracia, alzando pancartas con simbología nazi o reclamando dólares baratos para turismo, mantienen una coherencia total con los graffiti de “viva el cáncer” que epilogaron la muerte de Evita, la caracterización de las migraciones internas de los años ’30 como “aluvión zoológico” o bien la vulgarización del término “cabecita negra” para definir al sujeto social del peronismo.
La tradición reaccionaria. La movilización actual se realizo a pocos días de los aniversarios de otros dos hechos históricos incluidos en una tradición común: la autodenominada “Revolución Libertadora” –o “Fusiladora”, como se la ha designado con justicia desde el campo nacional y popular– del 20/9/1955 y la “Marcha de la Constitución y la Libertad”, realizada el 19/9/1945. Si bien las circunstancias son diferentes –un golpe militar bendecido por la Iglesia en 1955; una manifestación masiva de la que participaron el embajador norteamericano Spruille Braden, y novedosos cultores de la democracia, como la Sociedad Rural y todos los viejos partidos responsables del fraude y la corrupción desplegados durante la denominada “Década Infame” (conservadores, UCR, socialistas y demócratas-progresistas) con la reciente incorporación del otrora perseguido Partido Comunista; y una modesta movilización convocada por los oligopolios mediáticos y las redes sociales–, los reclamos han sido sustancialmente los mismos: exigencia de democracia y libertad, desplazamiento de las autoridades y fin de la intervención redistributiva del Estado.
Excepto en el caso del ’45, cuando se manifestó en contra del gobierno militar que puso fin a una de las etapas mas bochornosas de la historia argentina –síntesis entre corrupción política, flagrante exclusión social e impúdica entrega del patrimonio nacional (Pacto Roca-Runciman)–, los otros dos acontecimientos coincidieron en cuestionar la legitimidad democrática de gobiernos designados por grandes mayorías populares, en elecciones de transparencia irreprochable. El segundo argumento, la falta de libertad, quedaba impugnado in limine por la ausencia de trabas o de sanciones a su publicidad y realización, pese a las provocaciones formuladas por los participantes.
Conscientes de su incapacidad para producir resultados electorales favorables en el marco de elecciones transparentes, los “indignados” de ayer y de hoy han insistido en asociar a las mayorías con la ignorancia y a los gobiernos democráticos con el autoritarismo y la demagogia.
Excepto en el caso del ’45, cuando se manifestó en contra del gobierno militar que puso fin a una de las etapas mas bochornosas de la historia argentina –síntesis entre corrupción política, flagrante exclusión social e impúdica entrega del patrimonio nacional (Pacto Roca-Runciman)–, los otros dos acontecimientos coincidieron en cuestionar la legitimidad democrática de gobiernos designados por grandes mayorías populares, en elecciones de transparencia irreprochable. El segundo argumento, la falta de libertad, quedaba impugnado in limine por la ausencia de trabas o de sanciones a su publicidad y realización, pese a las provocaciones formuladas por los participantes.
Conscientes de su incapacidad para producir resultados electorales favorables en el marco de elecciones transparentes, los “indignados” de ayer y de hoy han insistido en asociar a las mayorías con la ignorancia y a los gobiernos democráticos con el autoritarismo y la demagogia.
La “democracia” para unos pocos. ¿Qué clase de democracia y de libertad, entonces, es la pretendida? La respuesta resulta decepcionante: en lugar de propugnar el avance de la democracia real, los disconformes se inclinan por un régimen excluyente que reconozca como exclusivo sujeto de legitimación –es decir, como “pueblo”– a las clases educadas y propietarias, y cuyos mecanismos de designación podrían variar de un ejercicio limitado del sufragio, excluyendo a las clases trabajadoras, a la imposición de una dictadura que garantice la exclusión social, elimine de las políticas sociales y facilite la concentración de la riqueza. Los regímenes de Rivadavia, Onganía, Videla o Menem constituyen sus referencias históricas concretas, y su principal mérito el de haber dejado manos libres a Krieger Vasena, Martínez de Hoz o Cavallo. Libertad individual en lugar de solidaridad social, salud y educación para quienes puedan pagarlas y relaciones carnales con el poder imperial de turno, he ahí la síntesis de su utopía “democrática”.
A mediados del Siglo XX, el peronismo instaló un modelo solidario, articulado en torno de un nuevo diseño estatal que se asumió como compensador de las desigualdades sociales y concientizó a los trabajadores y excluidos respecto de que “allí donde había una necesidad había un derecho” y de que la sociedad justa era aquella que reconciliaba a la comunidad con el individuo. Los tradicionales privilegios de unos pocos, como la salud, la garantía de trabajo con una justa retribución, el turismo, etc., se convirtieron en inversión y en derecho inalienable. Las mujeres trabajadoras pudieron tener sus hijos sin perder sus trabajos y las victimas de accidentes laborales recibieron cobertura legal. Los ancianos accedieron a una vida digna gracias a sus flamantes jubilaciones, y los niños pobres y las madres solteras fueron amparados. Las distancias sociales se acortaron y la democracia real se instaló en la escena. Un cambio demasiado taxativo para los nostálgicos del orden anterior, que todavía hoy día creen sinceramente que asegurar educación, salud, empleo o un plato de comida a los menos favorecidos constituye un uso indebido de sus impuestos y un ejercicio inmoral de la demagogia.
A mediados del Siglo XX, el peronismo instaló un modelo solidario, articulado en torno de un nuevo diseño estatal que se asumió como compensador de las desigualdades sociales y concientizó a los trabajadores y excluidos respecto de que “allí donde había una necesidad había un derecho” y de que la sociedad justa era aquella que reconciliaba a la comunidad con el individuo. Los tradicionales privilegios de unos pocos, como la salud, la garantía de trabajo con una justa retribución, el turismo, etc., se convirtieron en inversión y en derecho inalienable. Las mujeres trabajadoras pudieron tener sus hijos sin perder sus trabajos y las victimas de accidentes laborales recibieron cobertura legal. Los ancianos accedieron a una vida digna gracias a sus flamantes jubilaciones, y los niños pobres y las madres solteras fueron amparados. Las distancias sociales se acortaron y la democracia real se instaló en la escena. Un cambio demasiado taxativo para los nostálgicos del orden anterior, que todavía hoy día creen sinceramente que asegurar educación, salud, empleo o un plato de comida a los menos favorecidos constituye un uso indebido de sus impuestos y un ejercicio inmoral de la demagogia.
La libertad como privilegio. Estos dos modelos sociales estuvieron presentes desde los inicios de nuestra historia. A través de una carta fechada en 1834 a su amigo Tomas Guido, San Martín formulaba ásperas consideraciones sobre los fundamentos del modelo social diseñado por Rivadavia y que hoy en día mantienen toda su revulsiva actualidad:
“¿Qué me importa que se me repita hasta la saciedad que vivo en un país de Libertad, si por el contrario se me oprime?
“¡Libertad! Para que un hombre de honor sea atacado por una prensa licenciosa, sin que haya leyes que lo protejan y si existen se hagan ilusorias.
“¡Libertad! para que se me cargue de contribuciones a fin de pagar los inmensos gastos originados porque a cuatro ambiciosos se les antoja por vía de especulación hacer una revolución y quedar impunes.
“¡Libertad! Para verme expatriado sin forma de juicio y tal vez por una mera divergencia de opinión.
“¡Libertad! Para que el dolo y la mala fe encuentren una completa impunidad como lo comprueba lo general de las quiebras fraudulentas acaecidas en ésa. Maldita sea la tal libertad, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona.”
Su conclusión no deja lugar a dudas: “Hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad... el hombre que establezca el orden en nuestra patria sean cuales sean los medios que para ello emplee, es el solo que merece el noble título de su libertador”.
Cualquier similitud con procesos o situaciones puntuales de nuestra historia posterior es mera coincidencia… ¿O no?
“¿Qué me importa que se me repita hasta la saciedad que vivo en un país de Libertad, si por el contrario se me oprime?
“¡Libertad! Para que un hombre de honor sea atacado por una prensa licenciosa, sin que haya leyes que lo protejan y si existen se hagan ilusorias.
“¡Libertad! para que se me cargue de contribuciones a fin de pagar los inmensos gastos originados porque a cuatro ambiciosos se les antoja por vía de especulación hacer una revolución y quedar impunes.
“¡Libertad! Para verme expatriado sin forma de juicio y tal vez por una mera divergencia de opinión.
“¡Libertad! Para que el dolo y la mala fe encuentren una completa impunidad como lo comprueba lo general de las quiebras fraudulentas acaecidas en ésa. Maldita sea la tal libertad, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona.”
Su conclusión no deja lugar a dudas: “Hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad... el hombre que establezca el orden en nuestra patria sean cuales sean los medios que para ello emplee, es el solo que merece el noble título de su libertador”.
Cualquier similitud con procesos o situaciones puntuales de nuestra historia posterior es mera coincidencia… ¿O no?
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