viernes, 25 de noviembre de 2011

martes, 22 de noviembre de 2011

Después de indignarse, mejor explicar


Por Martín Granovsky
 
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Un sabor amargo invadió en 2002 y 2003 a muchos de quienes habían formado parte de las asambleas populares argentinas en medio de la crisis. Sintieron que el país no había cambiado como esperaban. Que el rechazo a buena parte de los dirigentes políticos no había fructificado en un sistema político distinto. Que no todos se habían ido. Algunos inclusive se asombraron de otra cosa: si la salida de Fernando de la Rúa había sido parte de una situación prerrevolucionaria, no fue la revolución lo que vino después.
El mismo sabor amargo podrían sentir hoy los indignados españoles. Es verdad que Izquierda Unida quintuplicó su representación parlamentaria y que la izquierda nacionalista vasca consiguió nada menos que siete representantes nacionales. Es verdad que el Partido Socialista Obrero Español recibió un castigo histórico el domingo último. Pero el día en que se cumplían 36 años de la muerte de Francisco Franco, el conservadurismo con toques de catolicismo papal del Partido Popular fue la herramienta del castigo. Y una herramienta nítida en los números: tendrá 186 bancas de las Cortes contra 110 del PSOE.
El PP de Mariano Rajoy, previsiblemente, hará aún con mayor convicción, si fuera posible, la política de sujeción al gobierno alemán que comenzó el presidente socialista del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero al impulsar y conseguir que el déficit cero de las cuentas fiscales quedara como principio constitucional. No sólo la ley, como en los últimos tiempos del tándem De la Rúa-Domingo Cavallo en 2001. También la Constitución. Un texto que, en España, está cargado de simbolismo. Fue una reforma constitucional la que consagró la nueva democracia tras la muerte de Franco. A más de 30 años, acaba de ser otra reforma constitucional la que sacralizó el derecho de los bancos alemanes de cobrarse su deuda, aun cuando la desocupación haya superado una media nacional del 20 por ciento y supere el 40 por ciento para los jóvenes.
Si el movimiento de Indignados españoles era, en rigor, una forma disimulada de que creciera la izquierda, ya logró su cometido con el aumento en escaños de Izquierda Unida. La representación de la izquierda vasca es un fenómeno de otra naturaleza: expresa la adaptación de los abertzales a la realidad y la sintonía con la mayoría del pueblo vasco y su rechazo a la violencia de ETA como forma de avanzar hacia mayores niveles de autonomía. En todo caso, si hubo una indignación contra ETA y un sentimiento de indignación con el Partido Nacionalista Vasco, una suerte de democracia cristiana de centroderecha, la izquierda nacionalista logró canalizar ambos enojos.
Si el movimiento de los Indignados quería preservar el Estado de bienestar en pleno desmonte, no consiguió su objetivo. El PP previsiblemente tratará de cumplir esa tarea aun con más decisión que el PSOE.
Si quiso lograr una mayoría contra la supeditación de la economía a la ganancia financiera, que alcanzó un inédito 7 por ciento, tasa alta en Europa, tampoco obtuvo su objetivo. El PP es también afín a los sectores de las finanzas concentradas.
Lo que ocurrió en España es de manual. El gobierno que venía practicando la flexibilización laboral y el ajuste fiscal fue castigado aunque fuera de origen socialdemócrata y el beneficiado fue el partido que no gobierna desde 2004, cuando José María Aznar fue castigado al mentir que la masacre de Atocha había sido cometida por la ETA y no por el fundamentalismo islámico.
El cambio en el sistema político vasco parece decir que los movimientos sociales sólo tienen efecto electoral cuando antes se encarnaron en la política y buscaron no sólo el cuestionamiento sino una transformación desde los poderes del Estado. Ocurrió lo mismo en la Argentina de hace 10 años. Las asambleas fueron un instrumento clave para evitar que en una situación de crisis y descomposición social el país no cayera en la tentación de soluciones autoritarias. Los que imaginaban una revolución dirán que es poco. Los que temían un retroceso a valores no democráticos pensarán, en cambio, que fue mucho. En las cacerolas no estaba sólo el reclamo contra el corralito. También el pedido de renovar la Corte Suprema con la mayoría automática lograda por Carlos Menem en una sola noche.
¿Volverán los indignados españoles a su fuerza de hace seis meses o languidecerán como en las desvaídas jornadas de reflexión del sábado último, antes de las elecciones?
Y, sobre todo, ¿lograrán hacerse escuchar? Dicho de otro lado: ¿qué está dispuesto a oír la mayoría de los españoles y cómo desafiar no sólo al PP o al PSOE sino también cierto sentido común?
El triunfo del PP no significa sólo la derrota del PSOE por ser el partido de gobierno en medio de la peor crisis de la democracia española. También el ascenso de un partido menos comprometido con el laicismo, más sensible a las campañas de restricción de conquistas civiles como la campaña que pide la penalización del aborto y más cercano al sector financiero.
El ejemplo griego está a mano. Cayó la socialdemocracia y el nuevo gobierno de unidad nacional incluye no sólo a dirigentes del derechista Nueva Democracia y el socialista Pasok. Forman parte del flamante gabinete cuatro miembros de Laos, sigla del partido antisemita y de extrema derecha que busca instalar a los inmigrantes como chivo expiatorio.
El desafío de los indignados españoles, como el de cualquier forma de protesta contestataria, es el de reubicarse si quieren ser útiles y productivos. Quizás pueda decirse que los movimientos sociales perduran o consiguen sus objetivos –porque a veces lo segundo implica una instancia superadora que termina con lo primero– si son más didácticos que catárticos. Y si son más temáticos que simples portadores de una frustración general. Otro ejemplo argentino fue el Frente Nacional contra la Pobreza que recogió millones de firmas en 2001. Una de sus propuestas era la cobertura social universal. El tema pasó a formar parte de un nuevo denominador común, lo mismo que hoy sucede con la revisión penal de las violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner interpretaron aquellas demandas y las convirtieron en políticas. Es un círculo virtuoso: sin decisión desde el Estado no hay políticas y sin instalación social es difícil la decisión desde el Estado.
Quizá sea el momento de diferenciar entre movimientos-mosquito, encargados de aguijonear a los ciudadanos, y movimientos destinados no sólo a señalar defectos sino a marcar rumbos y formas de alcanzar una meta.
No hay unos mejores que otros. Cada uno cumple su rol. Pero parece claro que, si el desafío es superar la fugacidad, no alcanza con descargar la bronca. La bronca puede ser hasta una herramienta más de construcción política, pero nunca reemplaza a la construcción misma.

Página12

lunes, 21 de noviembre de 2011

07 - La voz (Farji).avi

¡¡Qué talentosa artista es Elena Rogers!!!Bueníssimo el video!!!

sábado, 19 de noviembre de 2011

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Pruebas del plan sistemático

La periodista de Página/12 Victoria Ginzberg declaró en el juicio sobre el robo de bebés


Fue convocada por una nota escrita en 2002 referida a los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los papeles revela que el dictador Reynaldo Bignone reconocía en 1982 la apropiación de bebés y se negaba a devolver a los niños a sus familias.

“Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos.” El párrafo fue escrito por Elliot Abrams, de la oficina de derechos humanos de la Subsecretaría de Estado norteamericana. Figura en uno de los documentos desclasificados por los Estados Unidos en 2002 que fue publicado en ese momento por Página/12. Se trata de una prueba de la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos, ya que demuestra que el dictador Reynaldo Bignone estaba al tanto del “tema” de los niños apropiados y se negaba a devolverlos a sus familiares para no “quitar a los chicos de sus padres adoptivos”. La periodista de Página/12 Victoria Ginzberg declaró ayer en el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6 y, además de ratificar el contenido de las notas publicadas en 2002 por este diario, profundizó acerca de las menciones a los niños desaparecidos que hay en los papeles del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Uno de los documentos utilizados en la nota titulada “El embajador y el plan sistemático”, del 23 de agosto de 2002, por la que fue convocada la periodista, da cuenta de que el 3 de diciembre de 1982, a la una del mediodía, el por entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio Alberto García del Solar, se reunió con Abrams en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carlton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense al elaborar el memorándum en el que relató el encuentro.
Luego del análisis político, Abrams introdujo el tema de los niños desaparecidos. En este asunto, obtuvo la simpatía personal de García del Solar pero el rechazo oficial del Gobierno, encarnado en el canciller –que por ese entonces era Juan Ramón Aguirre Lanari– y en quien ocupaba la usurpada presidencia, Reynaldo Benito Bignone.
“Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya a la Iglesia, doctores, etc. Las acciones respecto de estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con Buenos Aires”, prosigue el documento. El papel contiene un par de párrafos que aún permanecen ocultos, ya que el gobierno norteamericano no autorizó su difusión completa. Como podría contener información sensible para el proceso que llevan adelante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan y Alan Iud, pidieron que se solicite la difusión completa de dicho documento.
En agosto de 2002, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó 4677 cables sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en la Argentina. La apertura de esos archivos había sido solicitada dos años antes por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales durante una reunión con la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright en Buenos Aires. Uno de los aportes de esos papeles fue mostrar que lo que los militares callaban y aún ocultan en público, lo admitían sin tapujos hace 30 años ante funcionarios de la embajada norteamericana.
- Otros cables del Departamento de Estado citados en la nota publicada el 23 de agosto de 2002 y mencionados por la periodista de Página/12 durante su testimonio describen que en el año 1978 los funcionarios norteamericanos eran escépticos sobre la posibilidad de que los militares argentinos llegaran al punto de secuestrar niños o apropiarse de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. “Nosotros sabemos que el gobierno argentino cree que los adolescentes son capaces de actividad terrorista y que hubo arrestos de adolescentes. (...) Miembros del gobierno declararon a miembros de la embajada que las operaciones no podían estar limitadas por la edad porque un grupo de adolescentes impresionables es un área fértil para la penetración de terroristas y subversivos. Se reportaron un número de casos de adolescentes desaparecidos. Creemos que fueron estos elementos los que originaron las declaraciones sobre chicos desaparecidos”, se asegura en un documento del 29 de septiembre de 1978.
El tiempo les fue demostrando que estaban equivocados. Durante 1979 se fueron incrementando las denuncias que recibían vinculadas a los niños desaparecidos. En un cable de enero de 1979 se mencionan 22 hechos, entre casos de adolescentes y niños pequeños, como Amaral García, de tres años, Pablo Menna, de dos, y Simón Riquelo, de 20 días. Dos meses después, aparece entre los papeles de interés del Departamento de Estado un informe de Amnistía Internacional de marzo de 1979 en el que se habla no sólo de niños desaparecidos sino también de posibles apropiaciones de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. “Hay reportes no confirmados acerca de que a chicos secuestrados les fueron dadas nuevas identidades y enviados a adopción. Otro grupo de mujeres, que se hicieron conocidas como Abuelas de Plaza de Mayo, están buscando nietos que nunca vieron. Las Abuelas sólo saben que sus hijas o nueras estaban embarazadas cuando desaparecieron”, señalaba el organismo de derechos humanos antes de mencionar los nombres de las mujeres que podían haber dado a luz cuando estaban secuestradas, como Liliana Fontana, Silvina Parodi, Beatriz Recchia, María Claudia García Irureta Goyena, Ana María Lancillotto, Mónica María Lemos, entre otros.
- Según se desprende de otro documento, diecisiete días antes de la reunión entre Abrams y García del Solar, las Abuelas de Plaza de Mayo se habían reunido con funcionarios del Departamento de Estado. María Isabel Mariani –por entonces presidenta de la institución– y Estela de Carlotto –vicepresidenta (aparece como Carloti en el papel)– explicaron el 15 de noviembre de 1982 “que representaban a 117 abuelas cuyos 110 nietos fueron secuestrados con sus padres desaparecidos o que nacieron durante la detención de sus padres”. “Dijeron que hay probablemente 400 niños desaparecidos, pero que otros abuelos tienen miedo de denunciar. Las Abuelas no pudieron obtener ninguna respuesta del gobierno argentino sobre sus nietos. Agregaron que están convencidas de que sus nietos están vivos y que la mayoría están ya ubicados con padres adoptivos.” Finalmente, está el memo de la reunión entre Abrams y García del Solar. Allí ambos dan por sentado que los niños fueron secuestrados, que fueron entregados a “familias adoptivas”, y el embajador informa que el dictador Bignone se resistía a la propuesta del funcionario norteamericano que consistía en dar al tema una “salida humanitaria” (es decir devolverlos a sus familias) con intervención de una junta médica o de la Iglesia. Como es sabido, los represores argentinos no entregaron a los niños buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. En estos 34 años el organismo de derechos humanos logró que 105 niños, hoy jóvenes, recuperaran su identidad. Aún quedan 400 casos sin resolver.
Los documentos del Departamento de Estado en los que se hace mención a las Abuelas y al encuentro entre Elliot Abrams y Lucio García del Solar.
Página12

martes, 15 de noviembre de 2011

Sobre las lenguas de la educación

Debate acerca de las políticas lingüísticas y la integración latinoamericana


Investigadoras y funcionarias analizaron cómo incide la enseñanza de lenguas extranjeras en los procesos de inclusión social e integración regional. Las Jornadas de la Lengua continúan hasta mañana en la Biblioteca Nacional.

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En el marco de las Jornadas de la Lengua, investigadoras universitarias y funcionarias analizaron la política educativa y su relación con la enseñanza de lenguas extranjeras, reflexionaron sobre planificación lingüística y su relación con la integración latinoamericana. Las jornadas, que comenzaron ayer y se extienden hasta mañana en la Biblioteca Nacional, reúnen a docentes, lingüistas, escritores y semiólogos. “La política lingüística está al servicio de un proyecto político de país”, destacó Lía Varela, coordinadora del área de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación.
Doctora en Filosofía y Letras por la UBA, donde también es docente, María Eugenia Contursi disertó sobre políticas lingüísticas en los primeros diez años del Mercosur, creado en 1991. “La incorporación del campo educativo al proyecto de regionalización –dijo– abrió la posibilidad de que, a través de los ministerios nacionales, se impulsara un doble movimiento: hacia adentro de los Estados, incluyendo las lenguas de los otros y, hacia afuera, la expansión de la propia lengua.”
Sin embargo, Contursi advirtió que en la década del ’90 la inclusión del portugués en la currícula oficial argentina “es resistida, porque se rechaza una integración latinoamericana estratégica, frente a la entrada al Primer Mundo, que es propiciada por el regionalismo abierto neoliberal”. Esto incrementó la enseñanza del inglés frente a todas las demás lenguas extranjeras y, para contrarrestarlo, Contursi sostuvo que “es preciso profundizar una política lingüística que sea cultural y que se involucre decididamente con la integración latinoamericana”.
A su turno, Lía Varela, doctora en Ciencias del Lenguaje, aseguró que la situación descripta por Contursi ya no es la misma: “Yo hubiera cambiado tus verbos al pasado”, le dijo. Varela sostuvo que hoy “la política lingüística está al servicio de un proyecto político de país. No es autónoma, no tiene un fin en sí misma, debe pensarse al interior de un proyecto educativo. La Ley de Educación Nacional –agregó– tiene como meta ofrecer una educación de calidad para todos los chicos, independientemente de las condiciones en las que se encuentren. En línea con esta política, nuestra misión es universalizar la enseñanza de lenguas extranjeras”.
Desde 2010, integrantes de los ministerios provinciales y representantes sectoriales se reúnen para definir nuevos lineamientos sobre la enseñanza de lenguas en el país. “Ya tenemos consensos –aseguró Varela–, el reconocimiento de que la enseñanza monolingüe es negativa, porque tiende a la exclusión y a la baja de calidad; el reconocimiento de otras lenguas, que va en el sentido del respeto a la identidad expresada en la ley; la adopción de un enfoque plurilingüe e intercultural.”
En cuanto a la situación actual de las políticas educativas de integración regional, Varela afirmó que se incrementaron las matrículas de los profesorados, así como la creación de carreras de portugués en varias universidades. “Desde las estructuras del Mercosur Educativo se promueven y realizan seminarios para la actualización de los formadores de profesores de español, guaraní y portugués. También están en marcha programas de cooperación y movilidad universitaria. Queremos convocar a investigadores, especialistas y docentes para que aporten a esta reflexión con ideas y propuestas superadoras.”
La docente de la UBA y la UNGS Natalia Bengochea expuso un trabajo sobre la comunidad boliviana en las escuelas de la ciudad de Buenos aires, donde entrevistó a alumnos del nivel primario y a docentes y directivos. “Si se les pregunta a los chicos qué idioma hablan en su casa, muchos responden: ‘En mi casa se habla normal’, y así hacen referencia al español”, dijo. Según las declaraciones de los alumnos, la mayoría no entiende ni habla las lenguas originarias de su país. No obstante, la mayoría de ellos reconoce que algún miembro de su familia habla quechua o aymara. Además, varios agregaron que los padres hablan estas lenguas solamente entre ellos, a escondidas. “Según estas declaraciones –sostuvo la investigadora–, los padres no transmitirían esas lenguas a sus hijos.” En base a testimonios de docentes y directivos, Bengochea encontró, por último, que dentro del ámbito escolar la interculturalidad se concreta a través de “expresiones culturales, de manifestaciones artísticas relativas a lo folklórico”. Pero “en cuanto a la lingüística, se sigue la tradición, contribuyendo al monolingüismo”.
Informe: Agustín Saavedra.

Página12

El golpe estaba en marcha


Por Rubén Dri *

 
El militante popular Luis D’Elía acaba de ser condenado a cuatro días de prisión en suspenso por haberle propinado una trompada al ruralista Alejandro Gahan en el 2008. La diputada por el Peronismo Federal Graciela Camaño recibió muestras de aprobación por parte de los medios hegemónicos por propinarle un sopapo a Carlos Kunkel, diputado por el Frente para la Victoria, en el 2010.
La defensa de la diputada consistió en afirmar que no soportaba más las provocaciones del diputado. Parece que en ese caso las provocaciones han justificado la agresión, lo cual no se aplica para el caso del militante popular. Pero no es esta disparidad de criterios en los juicios lo que me interesa subrayar en estas reflexiones, sino el contexto en el que se produce el incidente entre D’Elía y Gahan.
Dicho contexto no era otro que el de un golpe de Estado, pues no otra cosa es lo que a partir de las intervenciones de Carta Abierta pasó a denominarse “clima destituyente”. ¿Qué quiere decir “destituyente”, si no que se intenta destituir a la Presidenta? ¿No es eso lo que se realizó en Honduras? Los intelectuales del imperio poseen otras denominaciones, como “golpe blando” o “poder inteligente”.
El clima que se vivía en el 2008 era “destituyente”. La misma Cristina Fernández no pudo menos que decirlo en la biografía que escribió Sandra Russo: “Me quisieron destituir”. Por otra parte, no necesitábamos ese testimonio. “El golpe está en marcha –escribíamos ese año–. Uno puede cerrar los ojos y negarlo, pero hoy no es posible dudar. ‘Si nos quedamos acá tenemos que estar dispuestos a lo peor’; ‘estamos en guerra’; ‘esto es una revolución’. Son frases que jalonan los cortes de ruta motorizados por una derecha que sabe lo que quiere y una izquierda estúpida que cree que está haciendo la revolución.”
Las corporaciones agrarias, eufemísticamente denominadas “campo”, habían logrado movilizar a amplios sectores de la sociedad detrás de su proyecto destituyente, o sea, “golpista”, para lo cual la ocupación del espacio público era fundamental. Los sectores populares, que ahora se encuentran alertas y movilizados, en ese entonces se encontraban aletargados y fragmentados. Es en ese clima que interviene D’Elía, uno de los pocos que tenían plena conciencia de lo que estaba sucediendo.
La Justicia se ha movilizado para condenar la agresión del militante, que tuvo lugar en el intento de frenar el movimiento desestabilizador y ha hecho caso omiso de las múltiples y mucho más violentas agresiones que se sucedían por parte de quienes sometían al país a un lock-out de pesadilla. El patoterismo, la amenaza y la agresión eran moneda corriente.
La pena que se le ha dado a D’Elía es, en definitiva, simbólica y es eso, precisamente, lo que la hace peligrosa, porque se la desliga de la lucha por la defensa de la democracia amenazada. Si se quiere condenar la agresión física, cosa que está bien, siempre que también se la haga para las numerosas agresiones de los patrones sojeros, no se lo puede hacer desligándola del contexto de defensa de la democracia.
Lo más peligroso es que se pase por alto que hubo un intento serio de golpe de Estado. A quienes pretenden minimizar el problema, les recomendamos volver a escuchar el “ameno” y “divertido” diálogo entre Grondona y Biolcati, celebrando irónicamente el desplazamiento de Cristina por el “traidorzuelo” Cobos.
* Profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Página12

viernes, 11 de noviembre de 2011

Macri y las dos caras de un mismo Estado

Ausencia y autoritarismo





El derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre puso de relieve la ausencia de controles en las construcciones y la desaprensión del gobierno en lo que hace a la protección de nuestra integridad.
  El modelo de Estado que propone el gobierno de Mauricio Macri se puso nuevamente en evidencia en estos días, con una doble cara que desnuda su esencia neoliberal y autoritaria. El derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre, por un lado, y el conflicto por el sistema de designación y promoción docente, por otro, ponen de relieve las principales características del Estado que encarna el actual gobierno de la Ciudad.
Por un lado, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un cuadro de abandono que se evidencia, no sólo en la falta de políticas públicas que solucionen los problemas de sus habitantes, sino también en la desaprensión y descuido por la vida y seguridad de las personas derivados de la ausencia de controles mínimos.
Nos  preocupa desde los inicios de la actual gestión de gobierno que no se pongan en marcha un conjunto de medidas que hagan del Estado de la Ciudad una institución ágil y eficiente, capaz de intervenir para controlar aquellos aspectos que los intereses del mercado por sí mismo no resuelven en función del bien y la seguridad de todos. No se trata de un debate teórico acerca del papel del Estado. La diferencia respecto del modelo de Estado que se viene implementando desde 2003 a nivel nacional, también se manifiesta respecto de la utilización o no de las herramientas concretas que tiene el Estado para cuidar y proteger a su pueblo, principalmente a quienes más lo necesitan. Un Estado que se repliega, que está ausente en los controles y regulaciones que exige la convivencia ciudadana, termina siendo un Estado que nos pone en riesgo, que nos coloca en peligro.
El derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre, que es sólo uno de los 13 derrumbes de los últimos meses, puso de relieve la ausencia de controles en las construcciones y la desaprensión del gobierno en lo que hace a la protección de nuestra integridad. Escuchamos incrédulos que Mauricio Macri, en un principio, declaró: “Por fortuna, hubo una sola persona desaparecida.” Lamentablemente, luego de comenzar la búsqueda tres días después del derrumbe, casi una semana después de la tragedia, el cuerpo de Isidoro Madueña fue encontrado sin vida. ¿Es esa la importancia que el jefe de gobierno le da a la vida de su gente? ¿Qué podemos esperar entonces de cuestiones que tienen que ver con mejorar una ciudad que nos pueda albergar con igualdad y justicia? Macri se sigue comportando, como en anteriores situaciones, como el presidente de una ONG y no como el jefe de gobierno, desligándose de su responsabilidad ejecutiva. Cuando, como en este caso, no puede echarle la culpa al gobierno nacional, busca responsabilizar a los profesionales y la constructora, por un lado, y descargar incumbencias en la Legislatura por otro. Se trata de un Estado muy distinto a ese que nos imaginamos cercano, atento, preocupado, con capacidad para escuchar las demandas y las contribuciones de sus habitantes; y que también sea capaz de anticiparse a los problemas.
Pero hay algo que nos parece aún más grave, y es que el Estado despreocupado y ausente que encarna Mauricio Macri tiene una contracara peligrosa. Esa contracara es el Estado policíaco que se inmiscuye en la intimidad de las personas e interviene en cuestiones que la democracia nos enseñó a arbitrar con mecanismos transparentes y cuidadosos de los intereses del conjunto. Un Estado que hace listas negras con sus alumnos y docentes, que hace inteligencia con las escuchas ilegales o con las llamadas telefónicas que inducen a engaños para ganar una elección.
Un Estado que en estos días se propone cambiar la legislación que regula democráticamente la designación de los docentes, para poder nombrarlos discrecionalmente desde el poder.  Que dispone seleccionar a dedo a aquellos que debieran ser elegidos transparentemente por sus antecedentes y capacidad pedagógica. Dijimos que la lucha de los docentes merece nuestro apoyo porque están defendiendo un sistema de designación que prioriza los antecedentes académicos, la trayectoria, la experiencia pedagógica y no las afinidades políticas con los gobiernos. Las Juntas de Clasificación que Macri pretende eliminar son organismos que están contemplados en el Estatuto y que garantizan la transparencia en las designaciones y los concursos de la carrera docente. La actitud del gobierno porteño de derogar el sistema parece querer retrotraerse a épocas dictatoriales, cuando primaba la designación a dedo y la subordinación de los docentes al poder político. Cabe destacar que cualquier alternativa seria que implique actualización tecnológica y desburocratización del proceso de calificación y designación docente contará con el apoyo de todos y exige un proceso de diálogo y consenso, principalmente con los principales involucrados, los maestros y profesores.
Estado ausente y Estado autoritario son el anverso y el reverso de un gobierno que no controla al mercado ni a las corporaciones, pero sí pretende hacerlo con sus habitantes. Un Estado despreocupado por la suerte que puedan correr sus ciudadanos, sobre todo los más desprotegidos, pero muy preocupado en intervenir para controlar, escuchar ilegalmente, espiar e imponer arbitrariamente a los docentes. En definitiva, un Estado que no puede evitar que se desmoronen los edificios, pero al mismo tiempo pretende tirar abajo los mecanismos que aseguran la democracia que tanto nos costó recuperar.

TIEMPO ARGENTINO

martes, 1 de noviembre de 2011

Una campaña con antecedentes


Filmus pedirá en la Justicia la indagatoria de Durán Barba

La jueza Servini de Cubría habría encontrado nuevas evidencias contra el consultor estrella de Mauricio Macri. Por ejemplo, una campaña sucia parecida en el estado mexicano de Veracruz. Filmus pedirá que se lo cite.

Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 
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El senador Daniel Filmus pedirá la indagatoria por un delito electoral: inducción con engaños.
El senador Daniel Filmus presentará un pedido de declaración indagatoria contra el consultor preferido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, y contra dos empresarios vinculados con el asesor ecuatoriano. Es que los peritajes ordenados por la jueza María Servini de Cubría, junto con los hallazgos realizados en varios allanamientos, demostraron que las empresas relacionadas con Durán Barba realizaron una campaña sucia con una encuesta falsa en la que les preguntaban a los ciudadanos si sabían que el padre de Filmus era el principal contratista de Sergio Schoklender. Don Abraham Filmus no es arquitecto, como se mencionaba en la encuesta trucha, y nunca tuvo relación de ningún tipo con Schoklender. En uno de los allanamientos se encontró el original de la grabación de la encuesta falsa y los peritajes mostraron que las llamadas a los ciudadanos se hicieron desde los teléfonos de las empresas vinculadas con Durán Barba.
La jueza Servini de Cubría y el fiscal Jorge Di Lello reunieron una cantidad abrumadora de pruebas contra Durán Barba y sus virtuales socios Rodrigo Lugones y José Guillermo Garat. Hay evidencias más que suficientes para demostrar que desde tres empresas de telemarketing –Tag Continental, Conectic y NSS– se cursaron las llamadas con la encuesta que, en realidad, era una maniobra difamatoria contra Filmus. El senador, con el patrocinio de León Arslanian, es el querellante en la causa y pedirá la indagatoria por un delito electoral: inducción con engaños. El artículo 140 del Código Electoral impone penas de hasta dos años a quien, “con engaños, indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
De todas maneras, la investigación no se detiene sólo en la campaña sucia en sí misma. Todavía se trata de determinar si esa encuesta, realizada a centenares de miles de porteños durante la campaña electoral de Macri, fue pagada con fondos públicos. En los allanamientos que en ese momento concretó el juez Ariel Lijo, que subrogaba a Servini, se encontraron sobres de contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Connectic resultó adjudicataria de trabajos por 1.350.000 pesos sin que existieran otros oferentes en la licitación. Servini de Cubría trata de determinar si esos trabajos se hicieron o si los contratos fueron una especie de cobertura para pagar la campaña sucia. En este último caso, el delito dejará de ser sólo electoral para convertirse en penal-criminal. El vínculo entre Durán Barba y Lugones y Garat queda claro no sólo porque Lugones fue director ejecutivo de Durán Barba y Asociados, sino también porque en los allanamientos se encontró un contrato de confidencialidad y no competencia firmado por los tres. También aparece Tag Continental haciendo encuestas en materia de seguridad –casi de tipo policial–, con nombre y apellido de quienes respondían a las preguntas y con informes posteriores entregados a la Policía Metropolitana. Esas encuestas se hicieron a pedido del Ministerio de Educación.
El modus operandi de las empresas también quedó evidenciado en los discos rígidos de las computadoras. El análisis realizado por los peritos convocados por Servini de Cubría muestra que se hicieron trabajos sucios contra un candidato mexicano, Miguel Angel Yunes Linares, con encuestas aún peores que las hechas en Buenos Aires. A los ciudadanos del estado de Veracruz se les hacía un sondeo telefónico en el que se les preguntaba si pesaba en su voto las evidencias del vínculo de Yunes Linares con la prostitución infantil o con el narcotráfico. También en las computadoras se encontraron los esbozos de una campaña contra Daniel Scioli.
Actualmente el expediente está en la Cámara Federal porque en la causa se presentó un hombre vinculado con los acusados y pidió varias nulidades. Sin embargo, el próximo paso será el pedido de Filmus de llamado a indagatoria, es decir como sospechosos, de Durán Barba, Lugones y Garat.

Página12